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domingo, 26 de octubre de 2008

DESDE ECUADOR

Desde ECUADOR con ROCIO ROSERO

(Ex –directora ejecutiva del Consejo nacional de las mujeres (CONAMU) en Ecuador
y miembro del movimiento de mujeres)

-¿Qué opinión tiene sobre las políticas públicas para la equidad de género que se están desarrollando en el país?

-Yo diría que estamos en un momento de transición caracterizado por el paso de una paradoja a otra paradoja. En los últimos quince años, las mujeres ecuatorianas organizadas hemos logrado institucionalidad, reforma jurídica, introdujimos en la Constitución del 98 una normativa bien amplia, considerada como una de las más avanzadas en América Latina y se hicieron dos planes de Igualdad de Oportunidades. Se crearon mecanismos en el Estado, en los Ministerios Sectoriales y Locales.


Cuando yo entré en la CONAMU (Consejo nacional de las Mujeres), el Consejo trabajaba solamente en 4 municipios. Cuando salí, ya estaba trabajando asumiendo políticas de género en 27 municipios a través de AMUME (Asociación de Mujeres Municipalistas), donde el CONAMU también apoyó. Actualmente se trabaja en 69 cantones sobre el enfoque de género.

Hubo un momento de ascenso muy importante en el que incluso gobiernos conservadores como el de Sixto Duran, adoptaron la plataforma de Beijing. Se comprometió a dar el paso de construir el CONAMU, pero lo paradójico es que, en este contexto de cambio, está en riesgo todo.

-¿Por qué está en riesgo todo?

-Porque no hay una comprensión parecida para el tema de la igualdad de género como un elemento prioritario de las políticas públicas y de la construcción de la democracia. También porque el presidente y un sector del gobierno están respondiendo de manera permanente a las presiones de una Iglesia fundamentalista que responde a una acción global, que empuja un proceso de involución histórica a nivel global.

El tema de la igualdad de género no es un tema prioritario, la protección de los derechos de las mujeres para ellos es un tema secundario.

Luego, por otro lado, está la cuestión de la institucionalidad de las políticas de género, que en este momento está siendo transformada en el marco de la reestructuración general del Estado. Se habla de que habría un solo Consejo de Protección de Derechos, dentro del cual cabrían todos los indígenas, los afros, las mujeres. Para las mujeres, en realidad quieren hacer un Consejo de Género para incluir los temas de diversidad sexual. No hay ni siquiera una comprensión cabal de los temas, no hay un conocimiento de lo que significan los compromisos del Estado Ecuatoriano con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y ése es el segundo punto crucial… Vamos camino a la recusación de varios instrumentos de derechos humanos que es lo que está en ciernes ahora en la Constituyente. Hay un gran debate interno, hay desacuerdos, diversas posiciones de la propia gente de Alianza País (partido de gobierno), y estamos en un alto riesgo desde el punto de vista de los derechos de las mujeres.

-En relación a la participación política y liderazgo de las mujeres. ¿Cuáles han sido los principales logros del movimiento de mujeres?

-El logro más importante del movimiento y del propio CONAMU es lo que está vigente ahora como Ley de Cuotas, que en realidad era un planteamiento que teníamos como movimiento para la Constitución del 98, pero que no quedó esta fórmula de empezar por el 30% y subir 5 % en cada proceso electoral hasta llegar a la paridad. Hoy en el proceso constituyente hemos llegado a la paridad y creo que tenemos el más alto porcentaje de la historia de mujeres en la Asamblea Constituyente. El proceso es interesante en la medida que nos permite visibilizar con absoluta claridad que las mujeres están participando en los niveles de decisión más a nivel local.

Llegamos hasta un 34-35 % en las elecciones del 2002 que fue importantísimo y luego hemos bajado, ahora estamos en el 26- 27 %, igual en consejerías provinciales. Creo que el propio espíritu de la Ley de Cuotas ha golpeado muy fuertemente a los partidos tradicionales. La presión del movimiento en este último proceso electoral constituyente hizo que se aplicara por primera vez la Ley de Cuotas en las condiciones que el Tribunal Supremo Electoral regula porque las veces anteriores lo que hizo el TSE fue lavarse las manos y dejarlo en manos de los partidos políticos y eso fue muy negativo porque hicieron lo que quisieron, no observaron el principio de “alternabilidad y secuencia” que es una de las fórmulas interesantes de la Ley de Cuotas. De todas maneras, yo creo que es un hecho que hay que resaltar, como también la presencia de alrededor de un 35-37 % de mujeres en el gabinete ministerial, incluyendo todos los ministerios y Secretarías de Estado que se han creado en el Gobierno del presidente Correa.

Yo creo que en ocho años se ha incrementado la participación política. Ahora el gran desafío es mirar la calidad de esa participación política: no todas las mujeres que llegan en los cargos de elección popular son mujeres comprometidas con las causas de las mujeres, más bien, por el contrario, son mujeres que defienden el establishment, el orden patriarcal, que fácilmente se acomodan en las estructuras jerárquicas de los partidos, de las propias instituciones y que son indolentes frente a los temas de la igualdad de género. Eso es bastante claro tanto entre las mujeres que acceden por la vía electoral, como entre las que son designadas. Este es un tema que yo he discutido personalmente con el Presidente Correa, sobretodo en el marco de la conformación inicial de su Gabinete. Yo le decía: “no es posible convertir al hecho en un hecho simplemente cuantitativo, sino que hay que mirar la calidad de esas mujeres, a qué responden, cómo van a propiciar que efectivamente la igualdad de género se vaya convirtiendo en un hecho real, no en una propuesta, no en un discurso, sino que realmente se concrete en políticas de Estado”.

-La participación de las mujeres en la Sociedad Civil. ¿Ha progresado?, ¿en qué espacios son visibles y en cuáles no?

Pienso que las mujeres en la sociedad civil tienen también un papel destacado y no necesariamente son mujeres del Movimiento de Mujeres las que han accedido a cargos de representación, a direcciones de ONGs o de movimientos sociales. Aunque hemos tenido mujeres importantísimas, como Nina Pacari en el movimiento indígena, que han hecho huella. Ella no solamente ha sido representante en el ámbito del movimiento indígena, sino también en la estructura del Estado y actualmente está en el Tribunal Constitucional, que no es cosa menor. Me parece que ella es un buen ejemplo de cómo mujeres marginadas y excluidas han sido promovidas, han luchado ellas mismas y obviamente nosotras las hemos apoyado. En el caso de Nina, hemos tenido todo un proceso de debate desde el proceso constituyente del 98 de sensibilización a las situaciones de género, porque inicialmente ella era muy reticente y poco a poco se ha convertido en una aliada importantísima. Ése es un ejemplo.

Por otro lado, tenemos una mujer negra como Alexandra Ocles en la Asamblea Nacional Constituyente, que es una mujer feminista, que es política, que proviene del Movimiento y que tiene mucha claridad sobre la diversidad de las exclusiones y la importancia de la igualdad.

Tenemos también una lucha que no logra visibilizar la importancia de su magnitud, que es el Consejo de Mujeres Indígenas que busca a través de sus estructuras promover la organización autónoma de las mujeres indígenas, que es una lucha ideológico-política, pero también es profundamente cultural, compleja.

El movimiento de mujeres, como el conjunto de movimientos sociales, está prácticamente desmovilizado y esta es una característica del gobierno actual, o de la actual coyuntura, por acción gubernamental. El Gobierno ha generado muchas expectativas, toma contactos con los líderes y lideresas, ofrece puestos de cargos, participación en las listas electorales, etc. Eso provocó un desbande terrible, una desmovilización que es muy peligrosa, que ha debilitado una voz política.

¡Fíjate! Y esa es la paradoja. En el 98, en un contexto de ajuste neoliberal, en un contexto en donde había debate sobre las tesis constituyentes de la derecha y las propuestas desde la izquierda y desde los movimientos sociales, había un debate público transparente. Ahora no hay debate, todo es subrepticio, todo es secreto, todo es “una componenda entre tú y yo, a ver si decidimos, cuál es tu opinión”. Se le hace sentir a la gente que tú eres clave, tu opinión es importantísima y ya con eso se validan propuestas. Estamos viviendo un momento muy difícil, un momento muy complejo para la sociedad civil y los movimientos sociales y hay muchas mujeres que hemos participado en política, que nos hemos planteado la importancia de conformar en este momento un especie de Foro de Mujeres Políticas porque nos preocupa todo lo que esta pasando y, sobretodo, esta posible involución sobre los derechos de las mujeres en la Constituyente. Y lo otro es la disminución del rango del CONAMU, la idea es una Secretaría para la Igualdad dentro de la cual estén Niñez y Adolescencia, todos ahí abajo. Esto contraviene convenios y tratados internacionales, no sólo en el caso de las mujeres, contraviene la adhesión que el país ha hecho durante los últimos 15 años a un conjunto de instrumentos y plataformas de derechos humanos a nivel internacional y de políticas públicas. Esto sería un proceso de regresión y esto es una de las cosas más preocupantes.

-En relación a la retribución del trabajo doméstico no remunerado. ¿Hay avances significativos en el país?, ¿cuáles son las propuestas de acciones planteadas desde el Movimiento de Mujeres?

-Yo creo que hay que partir del hecho de que el reconocimiento constitucional del 98 no fue más que eso, un reconocimiento en el papel y que desde el CONAMU logramos, después de tanto luchar y tanto hacer, implementar en el año 2005 un “Módulo de la Encuesta del Uso del Tiempo” en la encuesta de Hogares con el apoyo de varias agencias de cooperación para visibilizar el aporte de la mujer a la economía ecuatoriana. Dejamos montado todo un operativo para hacer una encuesta específica del “uso del tiempo” con un compromiso mucho mayor. En este sentido es importante cómo las personas hacen también la transparencia, el apoyo y una posición mucho más avanzada. El actual director ejecutivo del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) es una excelente persona, muy abierto a todos estos temas, y no sólo que ha transparentado y puesto toda la información en la Web, sino que ha comprometido al INEC en todo este proceso de producción de información para visibilizar el “uso del tiempo”.

Se hicieron estudios pilotos en algunas provincias por la diversidad étnica cultural: en Chimborazo, en Esmeraldas y en Quito, en el área urbana y rural. Es muy interesante porque los datos te dan pistas de lo que está pasando: las mujeres están participando más en el mercado laboral con malas remuneraciones, están participando cada vez más tiempo en el trabajo no remunerado y no sólo de su casa, sino también el trabajo comunitario porque participan políticamente, son miembros de las Juntas Parroquiales, de la Asociación de Vecinos, de la Cooperativa de Vivienda. Tienen más carga de trabajo y nadie lo reconoce y éste es un elemento que no puede seguir así.

Constatamos también que muchos de los programas de ajuste estructural, los programas del cuidado (niñez, centros de cuidado diario, los programas de alimentación) tienen una altísima participación de las mujeres en condiciones absolutamente precarias. Ganan entre 60 y 80 dólares al mes de bonificación por un trabajo de 12 horas. La discusión en este momento en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y que la hemos planteado desde algunos sectores del movimiento de mujeres, es que esas mujeres deberían recibir al menos el sueldo básico y la seguridad social.

Ahora, en torno a la economía de los cuidados hay varios temas que son fundamentales y que los estamos trabajando para la Asamblea Nacional Constituyente.

-En torno a la Economía de los Cuidados. ¿Cuál es el planteamiento que hacéis a la Asamblea?

No sólo el reconocimiento, sino el establecimiento de los mecanismos para visibilizar el trabajo no remunerado, tanto a nivel familiar como comunitario, en las Cuentas Nacionales y en los diversos registros estadísticos. Entonces hay que poner dispositivos a nivel del Banco Central, a nivel del INEC, que es el que hace todas las encuestas y todos los registros para ampliar esta gran tarea que es la información. Solamente en base a la información tú puedes decir: “Mire, las mujeres están trabajando 18 horas diarias”.

La medida de visibilizar el trabajo no remunerado en las Cuentas Nacionales y registros estadísticos ya se ha establecido en otros países

Se han hecho en otros países de América Latina. Se han hecho encuestas del “uso del tiempo”, pero no hay un reconocimiento todavía en las Cuentas Nacionales. Este es un camino lento en el que hay que trabajar mucho todavía. Ahí hay decisión política por un lado, pero también una convicción de que la igualdad de género es parte sustantiva de la democracia.

-Si se logra visibilizar en las Cuentas Nacionales esos aportes. ¿Cuál sería la siguiente medida a adoptar?

-Luego eso es un material que permite tener políticas públicas que le den importancia a ese trabajo de las mujeres. Por ejemplo, en este momento no tenemos información para mostrarle a este comité interinstitucional, qué significa que más de 40.000 mujeres que están participando en los programas de protección social lo hacen de manera cuasi gratuita o en condiciones laborales que no cumplen ni siquiera las condiciones mínimas del trabajo decente. No tenemos información, no les podemos demostrar esta situación porque no hay datos Eso sí es una gran limitación. No sabemos por ejemplo cuál es la jornada de este tipo de mujeres. Sería bien interesante poder contar con esa información que permita ir con absoluta seguridad y decir, por ejemplo: “están trabajando 12 horas al día, están entregando todo un compromiso que es ético, que es moral, que es emocional en la crianza de los niños de otras madres de la propia comunidad para que esas otras madres vayan a trabajar. ¿Qué valor económico tiene eso para la sociedad?”.

El tema es que no se discute, no hay debate, aunque yo he tenido una presentación antes de ayer en la mesa siete, sobre la Economía del Cuidado y su relación con las políticas públicas. Entonces una de las primeras medidas es ampliar todos los servicios de cuidado preescolar a todos los niveles, hasta los adultos mayores, personas con enfermedades terminales. Porque tenemos un déficit, menos del 10% de la población de 0 a 5 años está cubierta en este momento por los centros infantiles. Estamos hablando de una población de alrededor de un millón seiscientas mil personas con discapacidad y hay apenas 28 centros que cubren a todo el país, hay 2 provincias que no tienen ni un solo servicio para discapacidad. Entonces estas personas están en sus casas, atendidas por la abuela, la madre, la hermana.

El otro tema fundamental es el de la Seguridad Social. Nosotros venimos planteando históricamente el “Seguro Universal para las trabajadoras no remuneradas”, incluidas las amas de casa, que pasa por el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado como una contribución económica que tiene un valor económico, pero básicamente que tiene una gran contribución al bienestar y al desarrollo productivo del país, que es lo que está in visibilizado, no se ve, no se sabe.

También nos parece muy importante la revisión de las “políticas maternalistas”, como el Bono de Desarrollo Humano, los centros de cuidado diario, etc. Hablo de todos los servicios que usan a las mujeres como mecanismos y que no las tratan como sujetos de derechos, sino que ellas son un mecanismo para proporcionar el bienestar o el cuidado a otros y otras, pero ellas mismas no son ciudadanas.

-El Bono de Desarrollo Humano. ¿Beneficia a las mujeres y a sus familias?

-Beneficia a las familias, sí hace la diferencia. En el año 2003 hicimos una investigación con UNICEF en Sucumbíos, a partir de un programa piloto que hicimos allá con el Consejo Provincial, y para las mujeres es un recurso que les permite apoyarse mucho en el momento en que tienen que asumir un gasto imprevisto de salud, de emergencia, escolar. A mí me parece que también por eso nosotras luchamos por la duplicación del bono. Pero también por el cambio del bono. Mirarle al bono como una política que promueva la ciudadanización de las mujeres, es decir, dejar de seguirles tratando sólo como vehículo para la protección social de otros y otras, sino posibilitar que ellas mismas tengan acceso a la salud, a la educación, a la capacitación técnica, al crédito, para que puedan ellas desarrollar sus pequeños negocios y por supuesto todo lo que tenga que ver con la economía de auto subsistencia. Tú sabes por ejemplo que en el área rural la crianza de animales es una alcancía muy importante para las mujeres y el que ellas puedan tener un adecuado manejo y capacitación sobre estos temas es vital.

Porque a la hora de la verdad, en el momento en que hay una emergencia familiar, eso es lo que salva muchas situaciones. Entonces, nosotras, a partir del modelo que desarrollamos con UNICEF entre el año 2000 y 2003 en Sucumbíos, le propusimos al Gobierno actual estas redes de servicios, que están en marcha en dos sitios pilotos, en Portoviejo y Riobamba.

Estas redes de servicios se instalan en los puntos de mayor afluencia de cobro del Bono de Desarrollo Humano (oficinas de los Ministerios, ONG, organizaciones de mujeres), en donde el tiempo ocioso de la cola en el banco para el cobro se puede usar como un mecanismo, un espacio para que ellas accedan a información, al médico, al chequeo en caso de maternidad, al chequeo de la salud de los hijos. Esto requiere de una gran cruzada en las instituciones públicas para cambiar la visión asistencialista. Necesitamos “ciudadanos, servidores públicos”, con ganas de hacer este tipo de cosas, con ganas de coordinar, de hacer un trabajo inter- institucional.

-Estas redes de servicios. ¿Tienen cabida en el gobierno actual?

-Bueno, eso es parte de la lucha que se supone está haciendo el actual gobierno, (yo dejé el CONAMU hace 8 meses ya). Siempre hay dificultades, pero las más altas autoridades (las ministras de Salud, de Inclusión Social) apoyaron mucho esta propuesta. El propio Presidente hizo el relanzamiento de Bono en este sentido.

La otra cuestión entre manos en la Asamblea Constituyente es posibilitar una infraestructura que haga posible la existencia de estos servicios. Ahí hay un debate, en la mesa siete, sobre la participación de la sociedad civil o solamente la creación de instituciones del Estado para este tema de servicios del cuidado, igual que con el tema de la Seguridad Social. El gran debate es el sentido de la seguridad social, universal y unificada que permita que realmente el sentido de los principios de la solidaridad, de la equidad y de la redistribución de recursos de la seguridad se lleve a cabo. Esto es un gran reto porque es toda una revuelta en el sistema. Este es uno de los más grandes retos de la mesa.

Hay dos mujeres en particular: Martha Roldós y Betty Tola- Del Foro Urbano- que participan en esta mesa, y abren el espacio para trabajar y proponer en estos temas.

A nosotras nos interesa que la economía de los cuidados sea considerada como parte de la economía, que se visibilice. Esto es lo que va a permitir que se creen los mecanismos institucionales en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en el Banco Central, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el Ministerio de Economía; para que otorgue los recursos para los servicios, que se mire de otra manera, que se cambie la mentalidad. Entonces estamos también en este tema del “derecho al cuidado” como un derecho no sólo de las que cuidan, sino de los que son cuidados, las dos cosas.

Hasta ahora se ha utilizado el trabajo de las mujeres para los que son cuidados y no para beneficio de las mujeres, por eso planteamos este tema de la remuneración básica.

-Las mujeres hemos estado cumpliendo las funciones que el Estado debió haber cumplido

-Exacto, porque no tenemos ni lavanderías, no tenemos centros de cuidado infantil. Estamos haciendo todo lo que se necesita hacer para reproducir la vida de las personas y el Estado no lo ha reconocido, ni valorado, ni compensado.

-Hay muchas mujeres que no conocen o conocen muy poco vuestras demandas y propuestas. ¿Cómo hacéis para llegar a ellas?

-Se han hecho muchas estrategias desde las organizaciones, desde el CONAMU, desde la Cooperación Internacional y que son muy importantes. Hay más mujeres participando en las organizaciones, en los partidos. El 42 % de las organizaciones legalizadas en el CONAMU hasta Junio del 2007 eran de la provincia de Chimborazo y de ellas el 98 % son mujeres indígenas. Entonces, estamos hablando de procesos sociales muy importantes desencadenados en la década del 90, que tienen también un trabajo anterior de varias instituciones desde la década de los 80, de la propia Iglesia, pero que se consolidan en el 90 como organizaciones autónomas de mujeres. Tienen un ejército y son las organizaciones de mujeres más grandes del país las que están en Chimborazo y no están visibles políticamente, no tienen la representación, es uno de los reclamos que hacen esas mujeres.

Otro caso que me parece interesante como fenómeno son las vendedoras de Yanbal, ellas se ven afectadas por la inclusión del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para los perfumes, para todo lo que tiene que ver con artículos de aseo personal y ellas están organizadas y son otro ejército en el país. Están preocupadas porque dicen que este impacto del ICE va a producir una disminución en la ventas, en sus ingresos y en el trabajo que están haciendo.

-¿Cómo se trabaja desde la CONAMU con las nuevas expresiones del movimiento de mujeres del país? ¿Cómo incentivais la participación de las mujeres jóvenes?

-Las jóvenes están participando. Como CONAMU creamos una red de organizaciones juveniles donde no solamente participan mujeres en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos, es un programa que se llama “Ecuador Adolescente”. Este proyecto trabaja en 12 ciudades del país con resultados concretos como servicios de salud e información para los adolescentes. Ha tenido una incidencia muy positiva en el ámbito de la educación para la sexualidad, logramos hacer una convergencia de 13 instituciones que estaban trabajando estos temas cada una por su lado y se aunaron esfuerzos para hacer un currículo general de educación para la sexualidad.

-Y en la participación política. ¿Cómo se involucran las mujeres jóvenes?

-Existe la Coordinadora Política Juvenil que promueve mucho este tema. Ellas son muy activas en el proceso Constituyente, ellas son en sí mismo una red nacional. Preside Kalinde Bolívar, con sede en Quito, o Pamela Quishpe con un trabajo nuevo. Hay otras feministas jóvenes: Elizabeth Vásquez- con programas LGBT (Movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y trans), tienen la Casa trans y la casa Rosa, donde hay un movimiento socio cultural y político en torno a las reivindicaciones feministas, GBT y TRANSGENEROS. También son una Red Nacional, pero no tienen una visibilidad pública y política porque tienen poco tiempo de existencia.

Publicado en el blog "Muévete por la Igualdad"
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lunes, 20 de octubre de 2008

LA REVOLUCIÓN CIUDADANA Y SUS DEUDAS CON LAS MUJERES Y LXS DIVERSXS

Desde inicios de su gobierno, Rafael Correa así como la mayoría de su movimiento político, Alianza País, han dado muestras claras de su rechazo a los planteamientos más transformadores respecto de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género y su posición se ha sostenido desde entonces. Las pruebas para respaldar esta afirmación se muestran con total claridad tanto en las políticas públicas de su gobierno como en el reciente debate constitucional.



En lo que se refiere a políticas públicas, un ejemplo. El principal programa social del gobierno tanto por gasto como por cobertura es el Bono de Desarrollo Humano – BDH, programa de transferencias monetarias, en teoría condicionadas. Este subsidio de USD 30 (era de USD 15 y el actual gobierno lo duplicó al poco de iniciar su mandato) al mes, se entrega a: personas de la tercera edad, a personas discapacitadas, y a mujeres pobres con hijas/os menores de 18 años que son la mayoría de las beneficiarias y quienes a cambio deberían llevar a sus hijas/os a controles de salud y garantizar su asistencia a la escuela. Esto en la práctica no se controla, por eso decimos que la condicionalidad es solo teórica.

El programa fue creado hace 10 años en medio de un escenario de implantación del modelo neoliberal en el Ecuador y responde a ese tipo de políticas. El Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU tiene desde 2006 una iniciativa que se aplica en varios cantones para cualificar el BDH. La iniciativa contempla emplear el tiempo en el que las mujeres hacen larguísimas colas para cobrar el BDH en brindarles servicios de alfabetización, capacitación en derechos y en iniciativas productivas, y atención de salud. Los servicios a prestar dependen de las posibilidades de coordinación local con las dependencias del gobierno central, municipalidades y otras entidades de la sociedad civil como organizaciones de base y ONG. Los esfuerzos que están funcionando han sido exitosos.

Este giro, que contribuye a introducir –aunque sea parcialmente- un enfoque de derechos a un programa de otra forma puramente asistencialista y que considera a las mujeres no como sujetas de derechos por sí mismas, sino solo en su rol de madres y en función del bienestar de sus hijos, no ha sido apoyada por el actual gobierno, se han rechazado las peticiones de presupuesto para ampliarlo. A cambio tenemos las declaraciones de la Ministra de Inclusión Social y Económica acerca de que el BDH es el pago por el trabajo no remunerado de las mujeres! Ante las fuertes críticas que semejante afirmación desató desde el movimiento de mujeres, la “relevante” corrección que se hizo fue declarar que se trata de un pago parcial. Tal cual .

Otro ámbito en el cual se ha expresado claramente la posición tibia por decir lo menos predominante en el gobierno de Correa tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. En el Ecuador los ataques de los grupos anti-derechos (autodenominados pro vida) contra estos derechos se iniciaron en forma sistemática en 2006. Lograron en ese año la prohibición de la comercialización de una marca de pastilla de anticoncepción de emergencia – PAE por dictamen del Tribunal Constitucional, luego quisieron eliminar la educación sexual y los métodos anticonceptivos de la nueva Ley Orgánica de Salud en diciembre del mismo año, pero no lo consiguieron gracias a la acción concertada del movimiento de mujeres.

El último atentado y el peor hasta la fecha se dio en noviembre de 2007 cuando tramitaron en el Congreso Nacional una propuesta de ley para eliminar el aborto terapéutico del Código Penal, es decir para penalizar cualquier clase de aborto (tal como se hizo en Nicaragua en ese mismo año) y que hubiera significado la directa condena a muerte de como mínimo 150 mujeres al año . De nuevo, gracias a la movilización de las mujeres organizadas se logró que el proyecto sea rechazado.

Frente a este hecho, Rafael Correa, en funciones desde enero de ese año (2007) guardó absoluto silencio. Correa se ha autodefinido en varias ocasiones como un católico de izquierda y ha sido bastante coherente con esa definición, al punto de decir públicamente en dos ocasiones que si en el país se aprobara legislación que despenalice el aborto el renunciaría. Cabe señalar que la fogosidad verbal del presidente Correa lo ha hecho declarar que renunciaría si es que sucede x cosa en varias ocasiones, pero las más reiterativas fueron: si es que no se aprueba el referéndum para rehacer la Constitución, luego, si no se aprueba la nueva Constitución, ambos hechos ya dados a la fecha que se escribe esto, y finalmente lo del aborto ya mencionado.

Durante la Asamblea Constituyente, los mismos grupos anti-derechos junto con las Iglesias Católica y Evangélica pública y visiblemente a la cabeza se convirtieron en la punta de lanza del rechazo a la nueva Constitución. Este desplazamiento fue posible por la falta total de un discurso político ideológico claro y bien estructurado de oposición de los actores, partidos y movimientos de la derecha tradicional. El eje del debate fue la manipulación de dos temas con fuertes connotaciones éticas y morales en una sociedad aún mayoritariamente católica (90% de la población se define como católica o cristiana y se estima que 68% son católicos practicantes) como son: la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de que las personas no heterosexuales puedan contraer matrimonio.

La respuesta de Correa fue repetir hasta el cansancio que, como es evidente si se examinan los artículos correspondientes (45 y 66), la nueva Constitución no deja la puerta abierta a la despenalización del aborto ni las personas no heterosexuales tienen derecho al matrimonio ni a la adopción, solamente pueden acceder a la unión de hecho. Alianza País ha gastado ingentes recursos en prensa, radio y sobre todo en televisión para repetir a todas horas del día los argumentos de que la vida empieza desde la concepción y que solo personas de distinto sexo pueden casarse. Lo primero es una reiteración de lo que ya estaba en la Constitución anterior (1998), es decir no hay avance sino apenas un sostenerse en el mismo punto, lo que desde una perspectiva de derechos humanos puede juzgarse como un retroceso dado el principio de progresividad de los derechos. El hecho de que personas del mismo sexo puedan acceder a la unión de hecho si es un avance.

Evidentemente ni los derechos de las mujeres ni los de las personas con orientación sexual diversa, avanzan realmente con un debate que reprodujo una moral decimonónica y reaccionaria sin cuestionarla, que promovió la discriminación de personas LGBTTI, que no abordó el grave problema de salud pública que efectivamente constituye el aborto, la violencia contra las mujeres implícita en el de muchas maneras y que tampoco afrontó el dilema ético que implica, sino que se limitó a repetir hasta la saciedad lo que dicen las alas más reaccionarias de las iglesia católica y cristiana respecto a la apropiación del cuerpo de las mujeres, y a su falta de capacidad moral para decidir sobre su vida reproductiva.

Estos argumentos prefiguran una resurrección de la caza de brujas y de la inquisición como titulaba un artículo publicado en la prensa nacional en esos días. El único objetivo de Alianza País fue que nos quede a todos bien claro que la Constitución defiende casi exactamente esa misma posición. Habría que “agradecer”, eso sí, pero no a Alianza País ni a Correa, sino a los anti-derechos el hecho de que temas como estos hayan salido claramente a la luz pública. Por más que haya sido desde esas posiciones, es una pequeña ganancia para la democracia, para las mujeres y para las personas no heterosexuales que se pueda debatir públicamente sobre aquello que hasta hace poco era para la gran mayoría exclusivamente pecado, patología y tabú, absolutamente privado y silenciado. Evidentemente esta situación también muestra la debilidad del movimiento de mujeres en el Ecuador.

En la nueva constitución recién aprobada hay indiscutibles avances para las mujeres y las personas GLBTTI. Entre las más importantes, la ampliación de la protección frente a la discriminación, la constitucionalización de las medidas de acción afirmativa, el seguro social para las amas de casa o la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo, por citar solo unas pocas. Estos avances no deben absolutamente nada a Correa, si algo a algunas/os de los asambleístas de Alianza País. De hecho hubo un debate interno muy fuerte entre el bloque de asambleístas de Alianza País a propósito de estos temas que se saldó con las posturas señaladas y la salida del bloque de dos asambleístas mujeres que forman parte de esos grupos anti-derechos. Pero son, sobre todo, el resultado de años de lucha del movimiento feminista y de los movimientos de diversidad sexual.

Podría seguir dando ejemplos de esta posición. Por ejemplo, en la Constitución que acaba de aprobarse se alcanzó el histórico hecho de que se coloque que en todos los cargos de designación y en las candidaturas de aquellos de elección popular se debe propender a en el primer caso y garantizar en el segundo, la paridad. Sin embargo se incluye también la meritocracia sin enfoque de género y la paridad se subordinada a ella. Como ya se comprobó en la selección de magistradas/os a la Corte Suprema de Justicia realizada en 2006, y que fue la primera vez que se seleccionó a los integrantes de ese organismo mediante concurso de méritos y oposición y con amplia veeduría ciudadana y de organismos internacionales; es posible hacer un reglamento “meritocrático” sin enfoque de género y discriminar a las mujeres. El reglamento supuestamente meritocrático entre otras disposiciones discriminatorias, otorgaba puntos extra por haber sido Procurador o Contralor de la Nación, cargos a los que las mujeres nunca han accedido.

Ahora mismo se debate la conformación del llamado Congresillo, la Comisión de Legislación y Fiscalización que se elegirá de entre las personas que fueron asambleístas y que tendrá a su cargo el inicio del régimen de transición para la aplicación de las disposiciones de la nueva Constitución. El Congresillo elegirá a los miembros del Consejo Nacional Electoral que organizará las nuevas elecciones generales de todas las dignidades y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de la veeduría de la conformación de todas las demás funciones del Estado. Para variar, el bloque mayoritario, que es de Alianza País, acaba de decir que no va a haber cuotas para las mujeres, mucho menos paridad.

Ma. del Pilar Troya F.
Antropóloga
Investigadora social
Forma parte de la Asamblea de Mujeres de Quito
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lunes, 29 de septiembre de 2008

VOTO MASIVO DE LOS ECUATORIANOS

El pueblo ecuatoriano aprobó en referéndum la nueva Constitución, dando luz verde al presidente Rafael Correa para que ponga en práctica los cambios políticos y económicos que cambiarán al país.

Texto Completo de la Constitución Ecuatoriana

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ACOSTA Y CORREA, LA CITA SORPRESA

La sorpresa en la jornada electoral de ayer fue la visita del presidente de la República, Rafael Correa, al ex directivo de la Asamblea, Alberto Acosta, en su casa. No hubo un gran abrazo, sí un estrechón de manos entre los dos y una reunión de diez minutos en la que se rompió el hielo.

A las 07:40, Correa salió del desayuno organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al que asistieron todas las autoridades del Estado en el Hotel Quito, y fue cuando decidió visitar a Acosta, quien vive a pocas cuadras del hotel. Le llamó y le dijo que le iba a saludar.

Acosta, con sorpresa en su rostro, recibió a Correa y dialogaron por no más de diez minutos, tiempo en el que el Primer Mandatario le solicitó que le acompañara a votar a él y al vicepresidente de la República, Lenín Moreno, pero el ex presidente de Asamblea ya tenía planes con las organizaciones sociales y no lograron arreglar sus agendas.

“Mi amigo Rafael Correa me vino a visitar”, dijo Acosta a los medios de comunicación, tras recalcar que eso demuestra que “no hay resentimientos” y que así mismo en el país debería prevalecer “la unidad nacional”.

Acosta calificó al domingo como un “día histórico en el que se resuelve el futuro de la patria”.

El ex presidente de la Asamblea añadió que hablaron de la amistad y de la necesidad de conversar más extendidamente, incluso de política. Además, ratificaron su compromiso por el país y de la necesidad de lograr un gran acuerdo para consolidar la democracia, la justicia y la equidad.

Acosta, en su calidad de presidente de la Asamblea, tuvo que dar un paso a un lado a un mes de que culminara el plazo para que la Asamblea redacte la nueva Constitución.

En ese momento empezaron una serie de reclamos públicos de parte del Jefe de Estado sobre el estilo de trabajo de Acosta y se abrió un distanciamiento entre dos de los fundadores del movimiento PAIS. Desde entonces, Acosta no volvió a formar parte de las reuniones del buró y no estuvo el día de la clausura de la Asamblea.

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APLASTANTE TRIUNFO DE PROYECTO DE CORREA

Los ecuatorianos aprobaron ayer por una sólida mayoría la nueva Constitución promovida por el presidente Rafael Correa, según dos sondeos de boca de urna divulgados apenas se cerró el referendo, a las 17:00.

Las mediciones de Santiago Pérez Investigación y Estudios y de Cedatos-Gallup dieron un respaldo de entre el 66,4% y 70% al proyecto de Constitución, respectivamente.

Los resultados deparan la cuarta victoria electoral consecutiva para el presidente Correa desde que ganó el poder en noviembre de 2006.

Según Santiago Pérez, el Mandatario también obtuvo un triunfo en Guayaquil con más del 50%, pues habría ganado el Sí con el 47,3% frente al No que obtuvo el 42,8%.

Precisamente fue Guayaquil la ciudad que Correa eligió para empezar a celebrar su triunfo. Desde allí saludó a la prensa elevando el dedo pulgar en señal de victoria. “Tres a uno” se oyó decir al Jefe de Estado antes de hablar al país.

En los resultados preliminares, Santiago Pérez le da el 66,4% de apoyo al proyecto constituyente, frente a 25% que lo rechaza. El 6,2% lo anula y 2,4% vota en blanco. El encuestador señaló que solo en la provincia de Orellana no está claro el triunfo del Sí, pues el margen fue demasiado cerrado.

En esta zona del país el Sí obtuvo el 49,9%, el No el 40,7%, mientras que los blancos sumaron el 3%, es decir que el Sí habría ganado con menos del 50%.

En cambio, con un margen de error de menos, más, 2.5% y una efectividad del 90%, los datos de las votaciones de ayer registrados en el exit poll realizado por Cedatos establece que el 69,9% de los ecuatorianos votó por el Sí; un 24,9% por el No, votos en blanco 1,5% y un 3,7% por el nulo.

Según el presidente de Cedatos, Polibio Córdova Calderón, este triunfo del Sí, se debe a que el 21% de los indecisos que había en el último mes resolvió respaldar el texto constitucional.

Además, las áreas rurales respaldaron en más del 76 por ciento, y en menor porcentaje en las áreas urbanas, por lo que representa una esperanza de sectores populares.

Para Córdova, la intensa actividad que cumplió el presidente de la República, Rafael Correa, en las provincias de la Costa, también tuvo una fuerte incidencia, especialmente en los indecisos, aunque admitió que el No también tuvo una ligera disminución. “Los resultados de las provincias se modificaban, luego se cruzaron las curvas y en los últimos días se registraron los cambios”.

Calificó como un hecho curioso el que el No ganara solamente en la provincia del Napo, en donde obtuvo el 49,7%, mientras que el Sí llegó al 48,5%. Además, señaló que esperan que los resultados oficiales sean similares a los de Cedatos, que de los 25 exit poll que ha realizado, solamente en una no acertó.

Por otro lado, la organización Participación Ciudadana (PC), que realizó una “cuenta rápida”, o proyección del voto con base en las actas de las juntas receptoras de voto, dio un 63,2% para el Sí en el referendo constitucional.

Conforme a la observación cumplida, PC informó que la jornada electoral desarrollada ayer se cumplió con total normalidad; esto sin descartar ciertos y aislados problemas logísticos, que no empañaron el proceso, informaron sus representantes, pasadas las 18:00.

Previamente a la difusión de los resultados obtenidos, el ex canciller y actual presidente de la organización, José Ayala Lasso, llamó al orden democrático, “donde todos podamos ser libres”.

Tras ello, la directora ejecutiva de PC, Ruth Hidalgo, reveló los datos elaborados con base en datos de 1.507 juntas receptoras del voto, en las 24 provincias del país, aclarando que corresponden a datos provisionales, no definitivos.

El proceso, a cargo de 2.000 observadores, reveló que el No obtuvo el 25,6%; mientras que los votos nulos alcanzaron el 7,2% y los blancos el 1%.

Los reportes obtenidos corresponden al 90% de la muestra ingresada y el margen de error es del 1,5%

Estos resultados habilitan la vigésima Constitución de Ecuador.

Redacción Actualidad

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Guayaquil - Quito

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