Desde inicios de su gobierno, Rafael Correa así como la mayoría de su movimiento político, Alianza País, han dado muestras claras de su rechazo a los planteamientos más transformadores respecto de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género y su posición se ha sostenido desde entonces. Las pruebas para respaldar esta afirmación se muestran con total claridad tanto en las políticas públicas de su gobierno como en el reciente debate constitucional.
En lo que se refiere a políticas públicas, un ejemplo. El principal programa social del gobierno tanto por gasto como por cobertura es el Bono de Desarrollo Humano – BDH, programa de transferencias monetarias, en teoría condicionadas. Este subsidio de USD 30 (era de USD 15 y el actual gobierno lo duplicó al poco de iniciar su mandato) al mes, se entrega a: personas de la tercera edad, a personas discapacitadas, y a mujeres pobres con hijas/os menores de 18 años que son la mayoría de las beneficiarias y quienes a cambio deberían llevar a sus hijas/os a controles de salud y garantizar su asistencia a la escuela. Esto en la práctica no se controla, por eso decimos que la condicionalidad es solo teórica.
El programa fue creado hace 10 años en medio de un escenario de implantación del modelo neoliberal en el Ecuador y responde a ese tipo de políticas. El Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU tiene desde 2006 una iniciativa que se aplica en varios cantones para cualificar el BDH. La iniciativa contempla emplear el tiempo en el que las mujeres hacen larguísimas colas para cobrar el BDH en brindarles servicios de alfabetización, capacitación en derechos y en iniciativas productivas, y atención de salud. Los servicios a prestar dependen de las posibilidades de coordinación local con las dependencias del gobierno central, municipalidades y otras entidades de la sociedad civil como organizaciones de base y ONG. Los esfuerzos que están funcionando han sido exitosos.
Este giro, que contribuye a introducir –aunque sea parcialmente- un enfoque de derechos a un programa de otra forma puramente asistencialista y que considera a las mujeres no como sujetas de derechos por sí mismas, sino solo en su rol de madres y en función del bienestar de sus hijos, no ha sido apoyada por el actual gobierno, se han rechazado las peticiones de presupuesto para ampliarlo. A cambio tenemos las declaraciones de la Ministra de Inclusión Social y Económica acerca de que el BDH es el pago por el trabajo no remunerado de las mujeres! Ante las fuertes críticas que semejante afirmación desató desde el movimiento de mujeres, la “relevante” corrección que se hizo fue declarar que se trata de un pago parcial. Tal cual .
Otro ámbito en el cual se ha expresado claramente la posición tibia por decir lo menos predominante en el gobierno de Correa tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. En el Ecuador los ataques de los grupos anti-derechos (autodenominados pro vida) contra estos derechos se iniciaron en forma sistemática en 2006. Lograron en ese año la prohibición de la comercialización de una marca de pastilla de anticoncepción de emergencia – PAE por dictamen del Tribunal Constitucional, luego quisieron eliminar la educación sexual y los métodos anticonceptivos de la nueva Ley Orgánica de Salud en diciembre del mismo año, pero no lo consiguieron gracias a la acción concertada del movimiento de mujeres.
El último atentado y el peor hasta la fecha se dio en noviembre de 2007 cuando tramitaron en el Congreso Nacional una propuesta de ley para eliminar el aborto terapéutico del Código Penal, es decir para penalizar cualquier clase de aborto (tal como se hizo en Nicaragua en ese mismo año) y que hubiera significado la directa condena a muerte de como mínimo 150 mujeres al año . De nuevo, gracias a la movilización de las mujeres organizadas se logró que el proyecto sea rechazado.
Frente a este hecho, Rafael Correa, en funciones desde enero de ese año (2007) guardó absoluto silencio. Correa se ha autodefinido en varias ocasiones como un católico de izquierda y ha sido bastante coherente con esa definición, al punto de decir públicamente en dos ocasiones que si en el país se aprobara legislación que despenalice el aborto el renunciaría. Cabe señalar que la fogosidad verbal del presidente Correa lo ha hecho declarar que renunciaría si es que sucede x cosa en varias ocasiones, pero las más reiterativas fueron: si es que no se aprueba el referéndum para rehacer la Constitución, luego, si no se aprueba la nueva Constitución, ambos hechos ya dados a la fecha que se escribe esto, y finalmente lo del aborto ya mencionado.
Durante la Asamblea Constituyente, los mismos grupos anti-derechos junto con las Iglesias Católica y Evangélica pública y visiblemente a la cabeza se convirtieron en la punta de lanza del rechazo a la nueva Constitución. Este desplazamiento fue posible por la falta total de un discurso político ideológico claro y bien estructurado de oposición de los actores, partidos y movimientos de la derecha tradicional. El eje del debate fue la manipulación de dos temas con fuertes connotaciones éticas y morales en una sociedad aún mayoritariamente católica (90% de la población se define como católica o cristiana y se estima que 68% son católicos practicantes) como son: la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de que las personas no heterosexuales puedan contraer matrimonio.
La respuesta de Correa fue repetir hasta el cansancio que, como es evidente si se examinan los artículos correspondientes (45 y 66), la nueva Constitución no deja la puerta abierta a la despenalización del aborto ni las personas no heterosexuales tienen derecho al matrimonio ni a la adopción, solamente pueden acceder a la unión de hecho. Alianza País ha gastado ingentes recursos en prensa, radio y sobre todo en televisión para repetir a todas horas del día los argumentos de que la vida empieza desde la concepción y que solo personas de distinto sexo pueden casarse. Lo primero es una reiteración de lo que ya estaba en la Constitución anterior (1998), es decir no hay avance sino apenas un sostenerse en el mismo punto, lo que desde una perspectiva de derechos humanos puede juzgarse como un retroceso dado el principio de progresividad de los derechos. El hecho de que personas del mismo sexo puedan acceder a la unión de hecho si es un avance.
Evidentemente ni los derechos de las mujeres ni los de las personas con orientación sexual diversa, avanzan realmente con un debate que reprodujo una moral decimonónica y reaccionaria sin cuestionarla, que promovió la discriminación de personas LGBTTI, que no abordó el grave problema de salud pública que efectivamente constituye el aborto, la violencia contra las mujeres implícita en el de muchas maneras y que tampoco afrontó el dilema ético que implica, sino que se limitó a repetir hasta la saciedad lo que dicen las alas más reaccionarias de las iglesia católica y cristiana respecto a la apropiación del cuerpo de las mujeres, y a su falta de capacidad moral para decidir sobre su vida reproductiva.
Estos argumentos prefiguran una resurrección de la caza de brujas y de la inquisición como titulaba un artículo publicado en la prensa nacional en esos días. El único objetivo de Alianza País fue que nos quede a todos bien claro que la Constitución defiende casi exactamente esa misma posición. Habría que “agradecer”, eso sí, pero no a Alianza País ni a Correa, sino a los anti-derechos el hecho de que temas como estos hayan salido claramente a la luz pública. Por más que haya sido desde esas posiciones, es una pequeña ganancia para la democracia, para las mujeres y para las personas no heterosexuales que se pueda debatir públicamente sobre aquello que hasta hace poco era para la gran mayoría exclusivamente pecado, patología y tabú, absolutamente privado y silenciado. Evidentemente esta situación también muestra la debilidad del movimiento de mujeres en el Ecuador.
En la nueva constitución recién aprobada hay indiscutibles avances para las mujeres y las personas GLBTTI. Entre las más importantes, la ampliación de la protección frente a la discriminación, la constitucionalización de las medidas de acción afirmativa, el seguro social para las amas de casa o la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo, por citar solo unas pocas. Estos avances no deben absolutamente nada a Correa, si algo a algunas/os de los asambleístas de Alianza País. De hecho hubo un debate interno muy fuerte entre el bloque de asambleístas de Alianza País a propósito de estos temas que se saldó con las posturas señaladas y la salida del bloque de dos asambleístas mujeres que forman parte de esos grupos anti-derechos. Pero son, sobre todo, el resultado de años de lucha del movimiento feminista y de los movimientos de diversidad sexual.
Podría seguir dando ejemplos de esta posición. Por ejemplo, en la Constitución que acaba de aprobarse se alcanzó el histórico hecho de que se coloque que en todos los cargos de designación y en las candidaturas de aquellos de elección popular se debe propender a en el primer caso y garantizar en el segundo, la paridad. Sin embargo se incluye también la meritocracia sin enfoque de género y la paridad se subordinada a ella. Como ya se comprobó en la selección de magistradas/os a la Corte Suprema de Justicia realizada en 2006, y que fue la primera vez que se seleccionó a los integrantes de ese organismo mediante concurso de méritos y oposición y con amplia veeduría ciudadana y de organismos internacionales; es posible hacer un reglamento “meritocrático” sin enfoque de género y discriminar a las mujeres. El reglamento supuestamente meritocrático entre otras disposiciones discriminatorias, otorgaba puntos extra por haber sido Procurador o Contralor de la Nación, cargos a los que las mujeres nunca han accedido.
Ahora mismo se debate la conformación del llamado Congresillo, la Comisión de Legislación y Fiscalización que se elegirá de entre las personas que fueron asambleístas y que tendrá a su cargo el inicio del régimen de transición para la aplicación de las disposiciones de la nueva Constitución. El Congresillo elegirá a los miembros del Consejo Nacional Electoral que organizará las nuevas elecciones generales de todas las dignidades y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de la veeduría de la conformación de todas las demás funciones del Estado. Para variar, el bloque mayoritario, que es de Alianza País, acaba de decir que no va a haber cuotas para las mujeres, mucho menos paridad.
Ma. del Pilar Troya F.
Antropóloga
Investigadora social
Forma parte de la Asamblea de Mujeres de Quito
En lo que se refiere a políticas públicas, un ejemplo. El principal programa social del gobierno tanto por gasto como por cobertura es el Bono de Desarrollo Humano – BDH, programa de transferencias monetarias, en teoría condicionadas. Este subsidio de USD 30 (era de USD 15 y el actual gobierno lo duplicó al poco de iniciar su mandato) al mes, se entrega a: personas de la tercera edad, a personas discapacitadas, y a mujeres pobres con hijas/os menores de 18 años que son la mayoría de las beneficiarias y quienes a cambio deberían llevar a sus hijas/os a controles de salud y garantizar su asistencia a la escuela. Esto en la práctica no se controla, por eso decimos que la condicionalidad es solo teórica.
El programa fue creado hace 10 años en medio de un escenario de implantación del modelo neoliberal en el Ecuador y responde a ese tipo de políticas. El Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU tiene desde 2006 una iniciativa que se aplica en varios cantones para cualificar el BDH. La iniciativa contempla emplear el tiempo en el que las mujeres hacen larguísimas colas para cobrar el BDH en brindarles servicios de alfabetización, capacitación en derechos y en iniciativas productivas, y atención de salud. Los servicios a prestar dependen de las posibilidades de coordinación local con las dependencias del gobierno central, municipalidades y otras entidades de la sociedad civil como organizaciones de base y ONG. Los esfuerzos que están funcionando han sido exitosos.
Este giro, que contribuye a introducir –aunque sea parcialmente- un enfoque de derechos a un programa de otra forma puramente asistencialista y que considera a las mujeres no como sujetas de derechos por sí mismas, sino solo en su rol de madres y en función del bienestar de sus hijos, no ha sido apoyada por el actual gobierno, se han rechazado las peticiones de presupuesto para ampliarlo. A cambio tenemos las declaraciones de la Ministra de Inclusión Social y Económica acerca de que el BDH es el pago por el trabajo no remunerado de las mujeres! Ante las fuertes críticas que semejante afirmación desató desde el movimiento de mujeres, la “relevante” corrección que se hizo fue declarar que se trata de un pago parcial. Tal cual .
Otro ámbito en el cual se ha expresado claramente la posición tibia por decir lo menos predominante en el gobierno de Correa tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. En el Ecuador los ataques de los grupos anti-derechos (autodenominados pro vida) contra estos derechos se iniciaron en forma sistemática en 2006. Lograron en ese año la prohibición de la comercialización de una marca de pastilla de anticoncepción de emergencia – PAE por dictamen del Tribunal Constitucional, luego quisieron eliminar la educación sexual y los métodos anticonceptivos de la nueva Ley Orgánica de Salud en diciembre del mismo año, pero no lo consiguieron gracias a la acción concertada del movimiento de mujeres.
El último atentado y el peor hasta la fecha se dio en noviembre de 2007 cuando tramitaron en el Congreso Nacional una propuesta de ley para eliminar el aborto terapéutico del Código Penal, es decir para penalizar cualquier clase de aborto (tal como se hizo en Nicaragua en ese mismo año) y que hubiera significado la directa condena a muerte de como mínimo 150 mujeres al año . De nuevo, gracias a la movilización de las mujeres organizadas se logró que el proyecto sea rechazado.
Frente a este hecho, Rafael Correa, en funciones desde enero de ese año (2007) guardó absoluto silencio. Correa se ha autodefinido en varias ocasiones como un católico de izquierda y ha sido bastante coherente con esa definición, al punto de decir públicamente en dos ocasiones que si en el país se aprobara legislación que despenalice el aborto el renunciaría. Cabe señalar que la fogosidad verbal del presidente Correa lo ha hecho declarar que renunciaría si es que sucede x cosa en varias ocasiones, pero las más reiterativas fueron: si es que no se aprueba el referéndum para rehacer la Constitución, luego, si no se aprueba la nueva Constitución, ambos hechos ya dados a la fecha que se escribe esto, y finalmente lo del aborto ya mencionado.
Durante la Asamblea Constituyente, los mismos grupos anti-derechos junto con las Iglesias Católica y Evangélica pública y visiblemente a la cabeza se convirtieron en la punta de lanza del rechazo a la nueva Constitución. Este desplazamiento fue posible por la falta total de un discurso político ideológico claro y bien estructurado de oposición de los actores, partidos y movimientos de la derecha tradicional. El eje del debate fue la manipulación de dos temas con fuertes connotaciones éticas y morales en una sociedad aún mayoritariamente católica (90% de la población se define como católica o cristiana y se estima que 68% son católicos practicantes) como son: la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de que las personas no heterosexuales puedan contraer matrimonio.
La respuesta de Correa fue repetir hasta el cansancio que, como es evidente si se examinan los artículos correspondientes (45 y 66), la nueva Constitución no deja la puerta abierta a la despenalización del aborto ni las personas no heterosexuales tienen derecho al matrimonio ni a la adopción, solamente pueden acceder a la unión de hecho. Alianza País ha gastado ingentes recursos en prensa, radio y sobre todo en televisión para repetir a todas horas del día los argumentos de que la vida empieza desde la concepción y que solo personas de distinto sexo pueden casarse. Lo primero es una reiteración de lo que ya estaba en la Constitución anterior (1998), es decir no hay avance sino apenas un sostenerse en el mismo punto, lo que desde una perspectiva de derechos humanos puede juzgarse como un retroceso dado el principio de progresividad de los derechos. El hecho de que personas del mismo sexo puedan acceder a la unión de hecho si es un avance.
Evidentemente ni los derechos de las mujeres ni los de las personas con orientación sexual diversa, avanzan realmente con un debate que reprodujo una moral decimonónica y reaccionaria sin cuestionarla, que promovió la discriminación de personas LGBTTI, que no abordó el grave problema de salud pública que efectivamente constituye el aborto, la violencia contra las mujeres implícita en el de muchas maneras y que tampoco afrontó el dilema ético que implica, sino que se limitó a repetir hasta la saciedad lo que dicen las alas más reaccionarias de las iglesia católica y cristiana respecto a la apropiación del cuerpo de las mujeres, y a su falta de capacidad moral para decidir sobre su vida reproductiva.
Estos argumentos prefiguran una resurrección de la caza de brujas y de la inquisición como titulaba un artículo publicado en la prensa nacional en esos días. El único objetivo de Alianza País fue que nos quede a todos bien claro que la Constitución defiende casi exactamente esa misma posición. Habría que “agradecer”, eso sí, pero no a Alianza País ni a Correa, sino a los anti-derechos el hecho de que temas como estos hayan salido claramente a la luz pública. Por más que haya sido desde esas posiciones, es una pequeña ganancia para la democracia, para las mujeres y para las personas no heterosexuales que se pueda debatir públicamente sobre aquello que hasta hace poco era para la gran mayoría exclusivamente pecado, patología y tabú, absolutamente privado y silenciado. Evidentemente esta situación también muestra la debilidad del movimiento de mujeres en el Ecuador.
En la nueva constitución recién aprobada hay indiscutibles avances para las mujeres y las personas GLBTTI. Entre las más importantes, la ampliación de la protección frente a la discriminación, la constitucionalización de las medidas de acción afirmativa, el seguro social para las amas de casa o la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo, por citar solo unas pocas. Estos avances no deben absolutamente nada a Correa, si algo a algunas/os de los asambleístas de Alianza País. De hecho hubo un debate interno muy fuerte entre el bloque de asambleístas de Alianza País a propósito de estos temas que se saldó con las posturas señaladas y la salida del bloque de dos asambleístas mujeres que forman parte de esos grupos anti-derechos. Pero son, sobre todo, el resultado de años de lucha del movimiento feminista y de los movimientos de diversidad sexual.
Podría seguir dando ejemplos de esta posición. Por ejemplo, en la Constitución que acaba de aprobarse se alcanzó el histórico hecho de que se coloque que en todos los cargos de designación y en las candidaturas de aquellos de elección popular se debe propender a en el primer caso y garantizar en el segundo, la paridad. Sin embargo se incluye también la meritocracia sin enfoque de género y la paridad se subordinada a ella. Como ya se comprobó en la selección de magistradas/os a la Corte Suprema de Justicia realizada en 2006, y que fue la primera vez que se seleccionó a los integrantes de ese organismo mediante concurso de méritos y oposición y con amplia veeduría ciudadana y de organismos internacionales; es posible hacer un reglamento “meritocrático” sin enfoque de género y discriminar a las mujeres. El reglamento supuestamente meritocrático entre otras disposiciones discriminatorias, otorgaba puntos extra por haber sido Procurador o Contralor de la Nación, cargos a los que las mujeres nunca han accedido.
Ahora mismo se debate la conformación del llamado Congresillo, la Comisión de Legislación y Fiscalización que se elegirá de entre las personas que fueron asambleístas y que tendrá a su cargo el inicio del régimen de transición para la aplicación de las disposiciones de la nueva Constitución. El Congresillo elegirá a los miembros del Consejo Nacional Electoral que organizará las nuevas elecciones generales de todas las dignidades y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de la veeduría de la conformación de todas las demás funciones del Estado. Para variar, el bloque mayoritario, que es de Alianza País, acaba de decir que no va a haber cuotas para las mujeres, mucho menos paridad.
Ma. del Pilar Troya F.
Antropóloga
Investigadora social
Forma parte de la Asamblea de Mujeres de Quito
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