lunes, 3 de noviembre de 2008
LA RUTA DE LA SOJA ES LA RUTA DE LA TRATA DE MUJERES
Durante el III Encuentro Latinoamericano de Mujeres Urbanas y Rurales por la Soberanía Alimentaria, más de un centenar de participantes debatieron, denunciaron, se movilizaron, cortaron las vías del tren sojero, escracharon a “los dueños” del sistema de exclusión, al tiempo que celebraron la diversidad humana y de la madre tierra.Desde el 24 y hasta el 26 de octubre en Santa Fe se realizó el III Encuentro Latinoamericano de Mujeres Urbanas y Rurales por la Soberanía Alimentaria. La Granja Agroecológica “La Verdecita” recibió a más de 150 mujeres de distintas provincias de Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, España, los Países Bajos y Méjico que intercambiaron historias de vida, saberes y experiencias colectivas de lucha por la defensa de derechos.
El corazón de lo que alguna vez fue el cinturón hortícola más rico y más diversificado del país, hoy convertido en un desierto de soja, fue el escenario de este encuentro que unió a mujeres para debatir acerca del impacto del modelo productivo y de consumo, los agronegocios, el neoliberalismo, el patriarcado, la división internacional y doméstica del trabajo, la explotación sexual y la trata de personas. Durante tres días se trabajó en comisiones y plenarias para analizar estos principales mecanismos de opresión y control social de las mujeres y pensar las estrategias y alternativas para sostener la lucha por el derecho a la libertad, a una vida digna, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a la tierra, a la producción y al consumo de alimentos sanos. “La ruta de la soja es la ruta de la trata de mujeres y niñas y la integración regional de las multinacionales explota nuestros bienes naturales y nuestros cuerpos” es una de las tantas e impactantes conclusiones de este encuentro. La urgente creación del Banco de las Mujeres gestionado y controlado socialmente por todas las organizaciones de mujeres en sus respectivos países. Las mujeres latinoamericanas proponemos:
La comisión que reflexionó acerca del “neoliberalismo, el patriarcado, los agronegocios y la marca en el cuerpo de las mujeres” usó esta metáfora para denunciar que en los territorios devastados por el modelo sojero se hace más evidente el fenómeno de la apropiación de la vida y los cuerpos de las mujeres.
El modelo sojero no sólo produce la contaminación de nuestro suelo y expulsa a las poblaciones rurales hacia las periferias pobres de las ciudades, también agrava la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas. Basta con mirar los márgenes de los hegemónicos y famosos “caminos de la producción” para encontrar las postales de miseria y olvido apenas iluminadas con las luces de las whiskerias donde los cuerpos de las mujeres son sometidos, violados y explotados comercialmente no sólo por los varones, sino por todo un sistema ideológico y de negocios naturalizado y validado por la sociedad.
Ana Fiol - comunicadora y una de “las verdecitas”- explica que “las multinacionales nos miran como un territorio a cortar en tajos, ven el territorio y no las comunidades; entonces aparecen las rutas destinadas a sacar la producción que las enriquece y a los costados aparecen todas las consecuencias de este sistema patriarcal y capitalista que odia a las mujeres”. “En lo social las mujeres somos invisibilizadas, en lo simbólico somos cosificadas y en lo económico explotadas. En la cotidianidad y en los medios de comunicación los cuerpos de las mujeres son brutalizados” afirma Fiol.
Todas las voces, soberanas todas
Entre las más diversas, valiosas y emotivas reflexiones, la compañera santafesina Avelina Amatti expresó que “el hombre ha tratado a la tierra igual que como trata a las mujeres; sino logramos que amen y respeten la tierra nunca podrán amarnos a nosotras”.
“Este sistema neoliberal está terminando con los seres humanos. Todas y todos quienes estamos comprometidos con esta lucha sabemos que los culpables son de otros países que con la bendición de nuestros gobiernos compran las tierras de campesinos y nos matan” manifestó Adelinda Díaz, peruana, dirigente social y Secretaría General de Trabajadoras del Hogar.
“Nuestra primera responsabilidad es unirnos y organizarnos, porque tenemos que tener en cuenta que los enemigos se organizan silenciosamente y aunque ellos viven de nuestros recursos, nosotras/os tenemos la voluntad de oponernos y presenciar la caída del capitalismo”.
“Los primitivos habitantes de mi país siempre decían que el viento, el agua, los árboles no son negociables; no se puede atrapar, tomar estas riqueza y repartirlas inequitativamente. Son riquezas que heredamos y tenemos que cuidar para las otras generaciones” cuenta Silvana Brites de Paraguay, integrante de una organización que hace 9 años trabaja por los derechos de las familias que fueron violentamente desalojadas de sus tierras en la dictadura. “Somos unos salvajes porque no pensamos en los pájaros que no pueden poner sus nidos en las ramas de la soja y no nos detenemos a pensar en esto tan despiadado. Este encuentro me ha hecho muy bien, he encontrado mujeres guapas, preocupadas por esta guerra fría que tenemos que enfrentar porque a todas nos afecta”.
La Diputada Nacional del MAS boliviano, Julia Ramos Sánchez contó: “vengo propuesta por una organización social; soy representante de las mujeres campesinas, indígenas y originarias Bartolina Sisa, del departamento de Tarija y de esta forma vamos participando y llegando hasta los niveles de decisión, para poder seguir generando políticas de bienestar basadas en la transparencia, la honestidad y el servicio a todas y todos”. Y agregó “debemos cuidar nuestras tierras. La madre tierra no la debemos utilizar, solamente para fines de lucro y fines de intereses que nos permitan enriquecernos y destrocen el medio ambiente. Hay temas fundamentales, como la tierra, el agua y los servicios, tanto salud como educación, que deben ser un servicio de primera línea para nuestro pueblo”.
“Hoy nos necesitamos, blancos, morenos, sabios, y el que no sabe ni escribir ni la jota, valemos igualitos y por eso tenemos la gran responsabilidad de ayudarnos entre todas y todos y si nos ayudamos, seremos felices el día de mañana, triunfadores. Igualitos nos juntamos para podernos desarrollar entre todas/os y construir el nuevo modelo, no solamente en Bolivia, en América Latina. Otro mundo es posible, justo, social, para todas/os”.
Unidas en la lucha no nos moverán
Además del intercambio de experiencias, las actividades culturales, el ritmo de los tambores y las comiditas sanas de los tres días, se realizó una marcha a la sede de la Bolsa de Valores y al Casino de Santa Fe para repudiar y denunciar el modelo capitalista de explotación y violencia y una de las comisiones debatió sobre las vías del Belgrano Cargas e impidió el paso del “tren sojero” durante 48 hs con el objetivo de oponerse al modelo sojero y al gerenciamiento privado de las redes de transporte y comunicación.
Desde la mañana del 25 y bajo la abundante lluvia hasta la tarde del 26 las vías del Ferrocarril Belgrano fueron interrumpidas pacíficamente, ya que por allí Belgrano Cargas transporta granos o aceite de soja que representan el 60 % de la producción de la zona para exportarlas principalmente a Europa y China.
Chabela Zanutig, de “las verdecitas”, relató que con anterioridad al encuentro “avisamos que queríamos protestar pacíficamente contra el paso del tren y la sorpresa fue que me llamaron y vinieron a verme desde la policía y desde el departamento de legales de la empresa para tratar de evitar que cortáramos la vía. Quedó demostrado que en un par de días pierden mucho dinero y nos presionaron mucho para “negociar” y levantar la medida”.
“El ferrocarril debe volver a manos del Estado como estrategia de transporte y solidaridad, además de que el tren ofrece alternativas como el ahorro de combustible y no contamina como otros modos de transporte” sostuvo Chabela.
“Obviamente es una actividad que hicimos para defender la tierra y la producción familiar de alimentos sanos y es coherente con lo que estuvimos haciendo con este encuentro” aseguró Claudia Albornoz, de la vecinal Chalet.
Dime de quién es el verde que nos amenaza
Desde el 2006 Belgrano Cargas está gerenciala por la Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (SOE) Esta nueva administradora es controlada por Macri, con el 82% de las acciones, junto con un socio chino, dos empresas locales, la Unión Ferroviaria y el gremio de camioneros que dirige Hugo Moyano.
Durante la gestión de la SOE, el Estado se ha hecho cargo de todos los gastos operativos y las obras prioritarias. Con los aportes estatales -que promedian los $ 22,5 millones mensuales- se pagan los sueldos de 1.500 empleados, las reparaciones del material tractivo y rodante y las inversiones del programa del programa de emergencias.
Según datos publicados por el Diario Uno de Santa Fe (edición impresa, 26/10/08) por estos servicios la SOE recibe dos generosas retribuciones: un pago mensual por el gerenciamiento del 6% de los egresos totales de explotación. Y por otro lado, se queda con el 8% de cada obra de emergencia que "contrate e inspeccione”.
Según datos del Belgrano Cargas, el promedio de la tarifa es de U$18.- por tonelada transportada. Según “las verdecitas” el tren pasa entre 3 y 5 veces por día al lado de la granja y lleva entre 50 y 60 vagones, que de acuerdo a la empresa contienen 70 toneladas de carga cada uno. Por cada viaje BC recibe en promedio U$ 63.000 y de este monto SOE recibe U$ 3.780.
Estos datos sugieren que un puñado de valientes y comprometidas mujeres hizo que los más ricos perdieran de mínimo U$ 199.000 y durante dos días las vías del tren volvieron a ser del pueblo.
La feminización de la resistencia rompe las fronteras
Las mujeres participantes de este encuentro latinoamericano se proponen y nos proponen una serie de acciones colectivas y públicas. En principio y ante la presencia del genocida George Bush en Perú convocan a un repudio mundial el próximo 15 de noviembre.
Además invitan a pares y organizaciones a sumarse a una acción local y coordinada nacionalmente que incluya el corte de vías de trasporte en repudio a la ruta de la soja y de la trata de personas, a realizarse el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia las Mujeres. Y también convocan a realizar piquetes en cada localidad a los medios gráficos hegemónicos para frenar la distribución del diario de ese día; exigiendo el inmediato retiro de los avisos sexuales y que se modifique el tratamiento de las noticias sobre mujeres que nos agreden, cosifican y explotan; y además, que estos medios incorporen el uso del lenguaje no sexista.
Conclusiones del III Encuentro Latinoamericano de Mujeres Rurales y Urbanas por la Soberanía Alimentaria
Las mujeres latinoamericanas urbanas y rurales que nos hemos encontrado en La Verdecita para luchar por la defensa de nuestros derechos, luego de tres jornadas de compartir las experiencias y situaciones de nuestros países: Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Méjico, Brasil, España, E.E.U.U, Los Países Bajos y Argentina, concluimos y declaramos que:
Nos negamos a seguir sosteniendo el trabajo de cuidado no reconocido, no valorado y no remunerado que realizamos las mujeres, y que constituye el principal sostén de este sistema patriarcal y capitalista.
En tiempos en que los explotadores del mundo pretenden re-fundar un nuevo capitalismo, nosotras queremos ser gestoras de otra economía solidaria, respetuosa de la naturaleza y humanizada.
Necesitamos un sistema socio – productivo, cultural, político y económico que nos incluya a todas y a todos; que garantice la justa distribución de lo producido, en aras de una vida digna, alegre, autónoma y soberana.
Las mujeres latinoamericanas denunciamos que:
La ruta de la soja es la ruta de la trata de personas y la integración regional de las multinacionales explota nuestros bienes naturales y nuestros cuerpos.
Es urgente para nosotras la preservación de la diversidad humana y de la biodiversidad, las cuales no pueden ser pensadas una sin la otra.
La mercantilización de los cuerpos de las mujeres y mercantilización de la tierra hasta el agotamiento y la eliminación de las diferencias.
Es por esto que las luchas por la soberanía alimentaria y la soberanía sobre nuestro cuerpo implican recuperar la capacidad de producir lo que comemos y alcanzar la autonomía y el pleno ejercicio del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo; en consecuencia necesitamos: comunidades seguras para las mujeres y derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres somos en este momento las responsables de la alimentación de nuestras familias y comunidades, entonces nosotras tenemos que ser las motivadoras de un proceso que cambie el modelo de consumo impuesto que beneficia a las transnacionales y expulsa a las y los productores campesinos y pueblos originarios del campo a las periferias pobres de las grandes ciudades.
Las mujeres latinoamericanas exigimos:
Que los Estados se responsabilicen de sistemas de transporte público, seguro sano y económico como colectivos y trenes para integrar las comunidades. No queremos más barrios aislados. Necesitamos Centros de salud accesibles y disponibles de acuerdo a las necesidades de la comunidad; además que se aseguren los turnos programados y la atención humanizada. En Argentina exigimos la implementación efectiva del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Guarderías y lavaderos comunitarios en todos los barrios.
Que se remuneren las actividades de cuidado que realizamos las mujeres.
Que garanticen el acceso a la tecnología y que esté al servicio de las poblaciones tanto urbanas como rurales.
Exigimos el acceso a la alimentación sana, segura y soberana.
Consumir lo nuestro y no Coca-Cola y alimentos transgénicos.
Practicar el comercio justo y solidario a través de las ferias de intercambio de productoras/es a consumidoras/es.
Reforma agraria, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros países, uniéndonos a los procesos que se están desarrollando en Venezuela, Bolivia y Paraguay; para sostener cultivos y producción diversificada, la conservación e intercambio de semillas ancestrales, la generación de tecnología de sistemas de riego y estanques, revalorización de nuestra cadena productiva: producción, transformación o valor agregado y mercadeo. Todo esto para continuar nuestra oposición a todo tipo de monocultivo.
Generar y consolidar una red de comunicación latinoamericana permanente, para apoyar y fortalecer las luchas locales y regionales, para informar, coordinar e integrar y colectivizar la información. Impulsar campañas en los medios alternativos y comunitarios para la sensibilización y el intercambio de información para una alimentación sana.
Ante la presencia del genocida George Bush en Perú convocamos a un repudio mundial el próximo 15 de noviembre del cte.
Invitamos a nuestras pares y organizaciones a sumarse a una acción local y coordinada nacionalmente que incluya el corte de vías de trasporte en repudio a la ruta de la soja y de la trata de personas, a realizarse el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia las Mujeres, acompañada de una declaración de fundamentos de la lucha.
Convocamos a realizar piquetes en cada localidad a los medios gráficos hegemónicos para frenar la distribución del diario de ese día; exigiendo el inmediato retiro de los avisos sexuales y que se modifique el tratamiento de las noticias sobre mujeres que nos agreden, cosifican y explotan; además reclamamos que estos medios incorporen el uso del lenguaje no sexista.
Las mujeres latinoamericanas nos comprometemos a sostener estas luchas en nuestros países y a continuar soñando que la tierra que deseamos no tiene dueñas/os, sino que es de todas/os y para todas/os.
Las invitamos a acompañarnos y compartir con nosotras el IV Encuentro latinoamericano de mujeres rurales y urbanas por la soberanía alimentaria que se realizará en octubre del 2009 en el marco el Día de la Soberanía Alimentaria.
Por Jorgelina Londero Comunicadora feminista y participante del Encuentro de Mujeres por la Soberanía alimentaria
Publicado por laotravozdigital.com30-10-2008
domingo, 26 de octubre de 2008
MARICHI WEU
Cinco siglos después de aquel "descubrimiento", sucedió el milagro: los americanos descubrimos América. Ahora sabemos lo que somos y lo que no queremos ser, que los que provocaron esta crisis son los que siempre tuvieron la sartén por el mango, los que conquistaron y colonizaron, los que impusieron sus religiones y sus cosmovisiones, los que invadieron y bombardearon, los que exportaron su ideología haciéndonos creer que era universal y que la aldea global había llegado, con el imperativo de pasar al baúl de los recuerdos nuestras añejas identidades nacionales.
Primero bajaron de sus barcos a sangre y fuego, con sus espejos de colores, sus corceles y armaduras; después desembarcaron con su dios Mercado y el desprecio a cualquier forma de Estado que proteja a los pueblos de las inclemencias.
Debían terminar la faena sobre nuestros recursos naturales. El aprendizaje fue doloroso, pero estamos aprendiendo a vivir con lo nuestro, presididos por un indio, una abogada, un obrero, un militar, una pediatra, un cura, un médico y un economista.
No vinieron a invertir los términos de la ecuación dominante porque no buscamos imponer a nadie esta mirada que nos creció en la larga noche del neoliberalismo. Sólo vinieron a decir que se cayó el sentido común globalizante, que se hizo trizas el individualismo y a los que disolvían desde el egoísmo, advertirles que el campanario hoy suena llamando a la unidad, por aquellos que perdieron siempre y hoy celebran esta nueva oportunidad que se dan los pueblos.
Ese es el verdadero debate en el bicentenario de la idea libertaria. Sin chauvinismo vano ni academicismo sin alma, es preciso volver al origen para mirar el futuro.
Nos enseñaron que el pájaro canta porque amanece; nuestros abuelos indios decían que, en verdad, el pájaro canta para que amanezca. La diferencia está en la voluntad, esa que precisamos ahora o nunca para hacer otro mundo, rompiendo los moldes con que se hicieron lo que ya sabe a viejo y evitando el pecado de fabricar más ídolos de barro.
Nos fusilaron, nos desaparecieron, nos tiraron los Muros de Berlín y Wall Street por la cabeza y aún así seguimos en la tarea de construir un país y una región más libre, más justa y más feliz.
Hagámoslo, para que la vida sea más bella, ahora que descubrimos que estamos vivos y que como dice el mapuche, diez veces venceremos ¡marichi Weu!
Por Jorge Giles
Publicado en Miradas al Sur|12-10-2008 Leer más...
EN LA MINGA POR LA VIDA, LAS MUJERES INDIGENAS CAMINAMOS JUNTAS…
Las mujeres de los Pueblos Nasa, Yanakonas, Totoroes, Kokonukos, Misak, Muiscas, Embera Chami, Wayuu, Huitoto, Sirianas, Pijaos y de todos los pueblos indígenas de Colombia, continuamos en la minga de resistencia indígena y popular, nos unimos a los caminantes de la palabra que iniciaron la marcha de La María, Piendamó hacia la ciudad de Cali, caminamos desde los territorios originarios para denunciar la política de genocidio físico y cultural, en defensa del territorio, la autonomía y la cultura de nuestros pueblos.
Las mujeres indígenas hemos sido víctimas de esta violencia y represión oficial. En la María, Piendamó, nuestras casas han sido violentadas, allanadas, quemadas y destrozados todos sus elementos, como el caso de 11 familias, 6 indígenas Guambianas y 5 campesinas.
Así mismo rechazamos los señalamientos a la Consejera Mayor Aida Marina Quilcue por parte del gobierno Colombiano y la policía nacional que la sindica de nexos con la guerrilla en el afán de opacar las verdaderas causas de nuestra justa lucha, de igual forma mujeres y hombres han sido heridos con esquirlas de bala, golpeados y agredidos física y verbalmente por la fuerza pública (Policía, ESMAD, ejército, organismos de Seguridad). El ESMAD, Ha amenazado a algunas mujeres con violarlas y hay preocupación por la represión que se pueda generar hacia quienes hemos participado en esta minga de resistencia. Denunciamos estos y muchos otros hechos de violencia que han quedado invisibilizados.
Las mujeres indígenas denunciamos los efectos negativos que ha generado en nuestra vida el incumplimiento por parte del gobierno nacional de los acuerdos firmados con las comunidades indígenas relacionados con tierras y territorio, salud, educación, recursos naturales; la legislación que atenta contra el normal equilibrio entre los pueblos indígenas y la naturaleza; Los tratados y acuerdos comerciales como el TLC, la no firma de la declaración universal de las naciones unidas para los pueblos indígenas y las políticas económicas del gobierno.
Las mujeres indígenas exigimos
• Garantías y respeto a la marcha que hacemos los pueblos indígenas, sectores sociales y populares.
• No más atropellos, amenazas y señalamientos contra los pueblos indígenas.
• Justicia y castigo para los responsables de las violaciones de derechos humanos de hombres, mujeres y niños de nuestras comunidades y los caminantes por la vida.
• La desmilitarización inmediata de los territorios indígenas y rurales, el respeto al DIH, búsqueda de acuerdos humanitarios y la salida negociada y soberana al conflicto armado, con verdad, justicia y reparación integral.
• Exigimos al gobierno colombiano se retracte públicamente sobre los señalamientos negativos hacia nuestros lideres indígenas.
• Cese inmediato al genocidio de los pueblos indígenas y la protección de los pueblos en peligro de extinción.
• La estigmatización no es el camino, el diálogo es la salida, no a la criminalización de la protesta social.
Queremos ser mujeres soberanas, vivir una vida sin violencia para nosotras, nuestras hijas e hijos y nuestros pueblos.
Queremos con autonomía generar vida para contribuir a la construcción de un país el que todas y todos podamos vivir con dignidad, con justicia y reconocimiento por la diversidad.
Nos solidarizamos con las luchas de los corteros de caña y todos los sectores sociales y populares que son vulnerados en Colombia. Por el respeto de los derechos fundamentales, movilización permanente.
Las mujeres indígenas junto con otras mujeres, organizaciones y redes estamos presentes caminando en Minga por la Vida y la dignidad de nuestros pueblos.
Tribunal de Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer
Organización Femenina Popular, Barranca, Puerto Wilches, Cantagallo y otros municipios
Corporación audivisuales El Espejo
Negritudes PCN
Red de Mujeres, Sur de Bolívar
Espacio de trabajadores y trabajadores de derechos humanos, Barranca
Diócesis de Barrancabermeja
Credhos
Asodesamuba
ILSA
Sintradit
Organización de mujer
Coordinación departamental de mujeres del cauca.
Coordinación juvenil del cauca.
Ruta pacifica de mujeres
Popayán, 22 de octubre de 2008 Leer más...
DESDE ECUADOR
Desde ECUADOR con ROCIO ROSERO
(Ex –directora ejecutiva del Consejo nacional de las mujeres (CONAMU) en Ecuador
y miembro del movimiento de mujeres)
-¿Qué opinión tiene sobre las políticas públicas para la equidad de género que se están desarrollando en el país?
-Yo diría que estamos en un momento de transición caracterizado por el paso de una paradoja a otra paradoja. En los últimos quince años, las mujeres ecuatorianas organizadas hemos logrado institucionalidad, reforma jurídica, introdujimos en la Constitución del 98 una normativa bien amplia, considerada como una de las más avanzadas en América Latina y se hicieron dos planes de Igualdad de Oportunidades. Se crearon mecanismos en el Estado, en los Ministerios Sectoriales y Locales.
Cuando yo entré en la CONAMU (Consejo nacional de las Mujeres), el Consejo trabajaba solamente en 4 municipios. Cuando salí, ya estaba trabajando asumiendo políticas de género en 27 municipios a través de AMUME (Asociación de Mujeres Municipalistas), donde el CONAMU también apoyó. Actualmente se trabaja en 69 cantones sobre el enfoque de género.
Hubo un momento de ascenso muy importante en el que incluso gobiernos conservadores como el de Sixto Duran, adoptaron la plataforma de Beijing. Se comprometió a dar el paso de construir el CONAMU, pero lo paradójico es que, en este contexto de cambio, está en riesgo todo.
-¿Por qué está en riesgo todo?
-Porque no hay una comprensión parecida para el tema de la igualdad de género como un elemento prioritario de las políticas públicas y de la construcción de la democracia. También porque el presidente y un sector del gobierno están respondiendo de manera permanente a las presiones de una Iglesia fundamentalista que responde a una acción global, que empuja un proceso de involución histórica a nivel global.
El tema de la igualdad de género no es un tema prioritario, la protección de los derechos de las mujeres para ellos es un tema secundario.
Luego, por otro lado, está la cuestión de la institucionalidad de las políticas de género, que en este momento está siendo transformada en el marco de la reestructuración general del Estado. Se habla de que habría un solo Consejo de Protección de Derechos, dentro del cual cabrían todos los indígenas, los afros, las mujeres. Para las mujeres, en realidad quieren hacer un Consejo de Género para incluir los temas de diversidad sexual. No hay ni siquiera una comprensión cabal de los temas, no hay un conocimiento de lo que significan los compromisos del Estado Ecuatoriano con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y ése es el segundo punto crucial… Vamos camino a la recusación de varios instrumentos de derechos humanos que es lo que está en ciernes ahora en la Constituyente. Hay un gran debate interno, hay desacuerdos, diversas posiciones de la propia gente de Alianza País (partido de gobierno), y estamos en un alto riesgo desde el punto de vista de los derechos de las mujeres.
-En relación a la participación política y liderazgo de las mujeres. ¿Cuáles han sido los principales logros del movimiento de mujeres?
-El logro más importante del movimiento y del propio CONAMU es lo que está vigente ahora como Ley de Cuotas, que en realidad era un planteamiento que teníamos como movimiento para la Constitución del 98, pero que no quedó esta fórmula de empezar por el 30% y subir 5 % en cada proceso electoral hasta llegar a la paridad. Hoy en el proceso constituyente hemos llegado a la paridad y creo que tenemos el más alto porcentaje de la historia de mujeres en la Asamblea Constituyente. El proceso es interesante en la medida que nos permite visibilizar con absoluta claridad que las mujeres están participando en los niveles de decisión más a nivel local.
Llegamos hasta un 34-35 % en las elecciones del 2002 que fue importantísimo y luego hemos bajado, ahora estamos en el 26- 27 %, igual en consejerías provinciales. Creo que el propio espíritu de la Ley de Cuotas ha golpeado muy fuertemente a los partidos tradicionales. La presión del movimiento en este último proceso electoral constituyente hizo que se aplicara por primera vez la Ley de Cuotas en las condiciones que el Tribunal Supremo Electoral regula porque las veces anteriores lo que hizo el TSE fue lavarse las manos y dejarlo en manos de los partidos políticos y eso fue muy negativo porque hicieron lo que quisieron, no observaron el principio de “alternabilidad y secuencia” que es una de las fórmulas interesantes de la Ley de Cuotas. De todas maneras, yo creo que es un hecho que hay que resaltar, como también la presencia de alrededor de un 35-37 % de mujeres en el gabinete ministerial, incluyendo todos los ministerios y Secretarías de Estado que se han creado en el Gobierno del presidente Correa.
Yo creo que en ocho años se ha incrementado la participación política. Ahora el gran desafío es mirar la calidad de esa participación política: no todas las mujeres que llegan en los cargos de elección popular son mujeres comprometidas con las causas de las mujeres, más bien, por el contrario, son mujeres que defienden el establishment, el orden patriarcal, que fácilmente se acomodan en las estructuras jerárquicas de los partidos, de las propias instituciones y que son indolentes frente a los temas de la igualdad de género. Eso es bastante claro tanto entre las mujeres que acceden por la vía electoral, como entre las que son designadas. Este es un tema que yo he discutido personalmente con el Presidente Correa, sobretodo en el marco de la conformación inicial de su Gabinete. Yo le decía: “no es posible convertir al hecho en un hecho simplemente cuantitativo, sino que hay que mirar la calidad de esas mujeres, a qué responden, cómo van a propiciar que efectivamente la igualdad de género se vaya convirtiendo en un hecho real, no en una propuesta, no en un discurso, sino que realmente se concrete en políticas de Estado”.
-La participación de las mujeres en la Sociedad Civil. ¿Ha progresado?, ¿en qué espacios son visibles y en cuáles no?
Pienso que las mujeres en la sociedad civil tienen también un papel destacado y no necesariamente son mujeres del Movimiento de Mujeres las que han accedido a cargos de representación, a direcciones de ONGs o de movimientos sociales. Aunque hemos tenido mujeres importantísimas, como Nina Pacari en el movimiento indígena, que han hecho huella. Ella no solamente ha sido representante en el ámbito del movimiento indígena, sino también en la estructura del Estado y actualmente está en el Tribunal Constitucional, que no es cosa menor. Me parece que ella es un buen ejemplo de cómo mujeres marginadas y excluidas han sido promovidas, han luchado ellas mismas y obviamente nosotras las hemos apoyado. En el caso de Nina, hemos tenido todo un proceso de debate desde el proceso constituyente del 98 de sensibilización a las situaciones de género, porque inicialmente ella era muy reticente y poco a poco se ha convertido en una aliada importantísima. Ése es un ejemplo.
Por otro lado, tenemos una mujer negra como Alexandra Ocles en la Asamblea Nacional Constituyente, que es una mujer feminista, que es política, que proviene del Movimiento y que tiene mucha claridad sobre la diversidad de las exclusiones y la importancia de la igualdad.
Tenemos también una lucha que no logra visibilizar la importancia de su magnitud, que es el Consejo de Mujeres Indígenas que busca a través de sus estructuras promover la organización autónoma de las mujeres indígenas, que es una lucha ideológico-política, pero también es profundamente cultural, compleja.
El movimiento de mujeres, como el conjunto de movimientos sociales, está prácticamente desmovilizado y esta es una característica del gobierno actual, o de la actual coyuntura, por acción gubernamental. El Gobierno ha generado muchas expectativas, toma contactos con los líderes y lideresas, ofrece puestos de cargos, participación en las listas electorales, etc. Eso provocó un desbande terrible, una desmovilización que es muy peligrosa, que ha debilitado una voz política.
¡Fíjate! Y esa es la paradoja. En el 98, en un contexto de ajuste neoliberal, en un contexto en donde había debate sobre las tesis constituyentes de la derecha y las propuestas desde la izquierda y desde los movimientos sociales, había un debate público transparente. Ahora no hay debate, todo es subrepticio, todo es secreto, todo es “una componenda entre tú y yo, a ver si decidimos, cuál es tu opinión”. Se le hace sentir a la gente que tú eres clave, tu opinión es importantísima y ya con eso se validan propuestas. Estamos viviendo un momento muy difícil, un momento muy complejo para la sociedad civil y los movimientos sociales y hay muchas mujeres que hemos participado en política, que nos hemos planteado la importancia de conformar en este momento un especie de Foro de Mujeres Políticas porque nos preocupa todo lo que esta pasando y, sobretodo, esta posible involución sobre los derechos de las mujeres en la Constituyente. Y lo otro es la disminución del rango del CONAMU, la idea es una Secretaría para la Igualdad dentro de la cual estén Niñez y Adolescencia, todos ahí abajo. Esto contraviene convenios y tratados internacionales, no sólo en el caso de las mujeres, contraviene la adhesión que el país ha hecho durante los últimos 15 años a un conjunto de instrumentos y plataformas de derechos humanos a nivel internacional y de políticas públicas. Esto sería un proceso de regresión y esto es una de las cosas más preocupantes.
-En relación a la retribución del trabajo doméstico no remunerado. ¿Hay avances significativos en el país?, ¿cuáles son las propuestas de acciones planteadas desde el Movimiento de Mujeres?
-Yo creo que hay que partir del hecho de que el reconocimiento constitucional del 98 no fue más que eso, un reconocimiento en el papel y que desde el CONAMU logramos, después de tanto luchar y tanto hacer, implementar en el año 2005 un “Módulo de la Encuesta del Uso del Tiempo” en la encuesta de Hogares con el apoyo de varias agencias de cooperación para visibilizar el aporte de la mujer a la economía ecuatoriana. Dejamos montado todo un operativo para hacer una encuesta específica del “uso del tiempo” con un compromiso mucho mayor. En este sentido es importante cómo las personas hacen también la transparencia, el apoyo y una posición mucho más avanzada. El actual director ejecutivo del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) es una excelente persona, muy abierto a todos estos temas, y no sólo que ha transparentado y puesto toda la información en la Web, sino que ha comprometido al INEC en todo este proceso de producción de información para visibilizar el “uso del tiempo”.
Se hicieron estudios pilotos en algunas provincias por la diversidad étnica cultural: en Chimborazo, en Esmeraldas y en Quito, en el área urbana y rural. Es muy interesante porque los datos te dan pistas de lo que está pasando: las mujeres están participando más en el mercado laboral con malas remuneraciones, están participando cada vez más tiempo en el trabajo no remunerado y no sólo de su casa, sino también el trabajo comunitario porque participan políticamente, son miembros de las Juntas Parroquiales, de la Asociación de Vecinos, de la Cooperativa de Vivienda. Tienen más carga de trabajo y nadie lo reconoce y éste es un elemento que no puede seguir así.
Constatamos también que muchos de los programas de ajuste estructural, los programas del cuidado (niñez, centros de cuidado diario, los programas de alimentación) tienen una altísima participación de las mujeres en condiciones absolutamente precarias. Ganan entre 60 y 80 dólares al mes de bonificación por un trabajo de 12 horas. La discusión en este momento en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y que la hemos planteado desde algunos sectores del movimiento de mujeres, es que esas mujeres deberían recibir al menos el sueldo básico y la seguridad social.
Ahora, en torno a la economía de los cuidados hay varios temas que son fundamentales y que los estamos trabajando para la Asamblea Nacional Constituyente.
-En torno a la Economía de los Cuidados. ¿Cuál es el planteamiento que hacéis a la Asamblea?
No sólo el reconocimiento, sino el establecimiento de los mecanismos para visibilizar el trabajo no remunerado, tanto a nivel familiar como comunitario, en las Cuentas Nacionales y en los diversos registros estadísticos. Entonces hay que poner dispositivos a nivel del Banco Central, a nivel del INEC, que es el que hace todas las encuestas y todos los registros para ampliar esta gran tarea que es la información. Solamente en base a la información tú puedes decir: “Mire, las mujeres están trabajando 18 horas diarias”.
La medida de visibilizar el trabajo no remunerado en las Cuentas Nacionales y registros estadísticos ya se ha establecido en otros países
Se han hecho en otros países de América Latina. Se han hecho encuestas del “uso del tiempo”, pero no hay un reconocimiento todavía en las Cuentas Nacionales. Este es un camino lento en el que hay que trabajar mucho todavía. Ahí hay decisión política por un lado, pero también una convicción de que la igualdad de género es parte sustantiva de la democracia.
-Si se logra visibilizar en las Cuentas Nacionales esos aportes. ¿Cuál sería la siguiente medida a adoptar?
-Luego eso es un material que permite tener políticas públicas que le den importancia a ese trabajo de las mujeres. Por ejemplo, en este momento no tenemos información para mostrarle a este comité interinstitucional, qué significa que más de 40.000 mujeres que están participando en los programas de protección social lo hacen de manera cuasi gratuita o en condiciones laborales que no cumplen ni siquiera las condiciones mínimas del trabajo decente. No tenemos información, no les podemos demostrar esta situación porque no hay datos Eso sí es una gran limitación. No sabemos por ejemplo cuál es la jornada de este tipo de mujeres. Sería bien interesante poder contar con esa información que permita ir con absoluta seguridad y decir, por ejemplo: “están trabajando 12 horas al día, están entregando todo un compromiso que es ético, que es moral, que es emocional en la crianza de los niños de otras madres de la propia comunidad para que esas otras madres vayan a trabajar. ¿Qué valor económico tiene eso para la sociedad?”.
El tema es que no se discute, no hay debate, aunque yo he tenido una presentación antes de ayer en la mesa siete, sobre la Economía del Cuidado y su relación con las políticas públicas. Entonces una de las primeras medidas es ampliar todos los servicios de cuidado preescolar a todos los niveles, hasta los adultos mayores, personas con enfermedades terminales. Porque tenemos un déficit, menos del 10% de la población de 0 a 5 años está cubierta en este momento por los centros infantiles. Estamos hablando de una población de alrededor de un millón seiscientas mil personas con discapacidad y hay apenas 28 centros que cubren a todo el país, hay 2 provincias que no tienen ni un solo servicio para discapacidad. Entonces estas personas están en sus casas, atendidas por la abuela, la madre, la hermana.
El otro tema fundamental es el de la Seguridad Social. Nosotros venimos planteando históricamente el “Seguro Universal para las trabajadoras no remuneradas”, incluidas las amas de casa, que pasa por el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado como una contribución económica que tiene un valor económico, pero básicamente que tiene una gran contribución al bienestar y al desarrollo productivo del país, que es lo que está in visibilizado, no se ve, no se sabe.
También nos parece muy importante la revisión de las “políticas maternalistas”, como el Bono de Desarrollo Humano, los centros de cuidado diario, etc. Hablo de todos los servicios que usan a las mujeres como mecanismos y que no las tratan como sujetos de derechos, sino que ellas son un mecanismo para proporcionar el bienestar o el cuidado a otros y otras, pero ellas mismas no son ciudadanas.
-El Bono de Desarrollo Humano. ¿Beneficia a las mujeres y a sus familias?
-Beneficia a las familias, sí hace la diferencia. En el año 2003 hicimos una investigación con UNICEF en Sucumbíos, a partir de un programa piloto que hicimos allá con el Consejo Provincial, y para las mujeres es un recurso que les permite apoyarse mucho en el momento en que tienen que asumir un gasto imprevisto de salud, de emergencia, escolar. A mí me parece que también por eso nosotras luchamos por la duplicación del bono. Pero también por el cambio del bono. Mirarle al bono como una política que promueva la ciudadanización de las mujeres, es decir, dejar de seguirles tratando sólo como vehículo para la protección social de otros y otras, sino posibilitar que ellas mismas tengan acceso a la salud, a la educación, a la capacitación técnica, al crédito, para que puedan ellas desarrollar sus pequeños negocios y por supuesto todo lo que tenga que ver con la economía de auto subsistencia. Tú sabes por ejemplo que en el área rural la crianza de animales es una alcancía muy importante para las mujeres y el que ellas puedan tener un adecuado manejo y capacitación sobre estos temas es vital.
Porque a la hora de la verdad, en el momento en que hay una emergencia familiar, eso es lo que salva muchas situaciones. Entonces, nosotras, a partir del modelo que desarrollamos con UNICEF entre el año 2000 y 2003 en Sucumbíos, le propusimos al Gobierno actual estas redes de servicios, que están en marcha en dos sitios pilotos, en Portoviejo y Riobamba.
Estas redes de servicios se instalan en los puntos de mayor afluencia de cobro del Bono de Desarrollo Humano (oficinas de los Ministerios, ONG, organizaciones de mujeres), en donde el tiempo ocioso de la cola en el banco para el cobro se puede usar como un mecanismo, un espacio para que ellas accedan a información, al médico, al chequeo en caso de maternidad, al chequeo de la salud de los hijos. Esto requiere de una gran cruzada en las instituciones públicas para cambiar la visión asistencialista. Necesitamos “ciudadanos, servidores públicos”, con ganas de hacer este tipo de cosas, con ganas de coordinar, de hacer un trabajo inter- institucional.
-Estas redes de servicios. ¿Tienen cabida en el gobierno actual?
-Bueno, eso es parte de la lucha que se supone está haciendo el actual gobierno, (yo dejé el CONAMU hace 8 meses ya). Siempre hay dificultades, pero las más altas autoridades (las ministras de Salud, de Inclusión Social) apoyaron mucho esta propuesta. El propio Presidente hizo el relanzamiento de Bono en este sentido.
La otra cuestión entre manos en la Asamblea Constituyente es posibilitar una infraestructura que haga posible la existencia de estos servicios. Ahí hay un debate, en la mesa siete, sobre la participación de la sociedad civil o solamente la creación de instituciones del Estado para este tema de servicios del cuidado, igual que con el tema de la Seguridad Social. El gran debate es el sentido de la seguridad social, universal y unificada que permita que realmente el sentido de los principios de la solidaridad, de la equidad y de la redistribución de recursos de la seguridad se lleve a cabo. Esto es un gran reto porque es toda una revuelta en el sistema. Este es uno de los más grandes retos de la mesa.
Hay dos mujeres en particular: Martha Roldós y Betty Tola- Del Foro Urbano- que participan en esta mesa, y abren el espacio para trabajar y proponer en estos temas.
A nosotras nos interesa que la economía de los cuidados sea considerada como parte de la economía, que se visibilice. Esto es lo que va a permitir que se creen los mecanismos institucionales en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en el Banco Central, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el Ministerio de Economía; para que otorgue los recursos para los servicios, que se mire de otra manera, que se cambie la mentalidad. Entonces estamos también en este tema del “derecho al cuidado” como un derecho no sólo de las que cuidan, sino de los que son cuidados, las dos cosas.
Hasta ahora se ha utilizado el trabajo de las mujeres para los que son cuidados y no para beneficio de las mujeres, por eso planteamos este tema de la remuneración básica.
-Las mujeres hemos estado cumpliendo las funciones que el Estado debió haber cumplido
-Exacto, porque no tenemos ni lavanderías, no tenemos centros de cuidado infantil. Estamos haciendo todo lo que se necesita hacer para reproducir la vida de las personas y el Estado no lo ha reconocido, ni valorado, ni compensado.
-Hay muchas mujeres que no conocen o conocen muy poco vuestras demandas y propuestas. ¿Cómo hacéis para llegar a ellas?
-Se han hecho muchas estrategias desde las organizaciones, desde el CONAMU, desde la Cooperación Internacional y que son muy importantes. Hay más mujeres participando en las organizaciones, en los partidos. El 42 % de las organizaciones legalizadas en el CONAMU hasta Junio del 2007 eran de la provincia de Chimborazo y de ellas el 98 % son mujeres indígenas. Entonces, estamos hablando de procesos sociales muy importantes desencadenados en la década del 90, que tienen también un trabajo anterior de varias instituciones desde la década de los 80, de la propia Iglesia, pero que se consolidan en el 90 como organizaciones autónomas de mujeres. Tienen un ejército y son las organizaciones de mujeres más grandes del país las que están en Chimborazo y no están visibles políticamente, no tienen la representación, es uno de los reclamos que hacen esas mujeres.
Otro caso que me parece interesante como fenómeno son las vendedoras de Yanbal, ellas se ven afectadas por la inclusión del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para los perfumes, para todo lo que tiene que ver con artículos de aseo personal y ellas están organizadas y son otro ejército en el país. Están preocupadas porque dicen que este impacto del ICE va a producir una disminución en la ventas, en sus ingresos y en el trabajo que están haciendo.
-¿Cómo se trabaja desde la CONAMU con las nuevas expresiones del movimiento de mujeres del país? ¿Cómo incentivais la participación de las mujeres jóvenes?
-Las jóvenes están participando. Como CONAMU creamos una red de organizaciones juveniles donde no solamente participan mujeres en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos, es un programa que se llama “Ecuador Adolescente”. Este proyecto trabaja en 12 ciudades del país con resultados concretos como servicios de salud e información para los adolescentes. Ha tenido una incidencia muy positiva en el ámbito de la educación para la sexualidad, logramos hacer una convergencia de 13 instituciones que estaban trabajando estos temas cada una por su lado y se aunaron esfuerzos para hacer un currículo general de educación para la sexualidad.
-Y en la participación política. ¿Cómo se involucran las mujeres jóvenes?
-Existe la Coordinadora Política Juvenil que promueve mucho este tema. Ellas son muy activas en el proceso Constituyente, ellas son en sí mismo una red nacional. Preside Kalinde Bolívar, con sede en Quito, o Pamela Quishpe con un trabajo nuevo. Hay otras feministas jóvenes: Elizabeth Vásquez- con programas LGBT (Movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y trans), tienen la Casa trans y la casa Rosa, donde hay un movimiento socio cultural y político en torno a las reivindicaciones feministas, GBT y TRANSGENEROS. También son una Red Nacional, pero no tienen una visibilidad pública y política porque tienen poco tiempo de existencia.
Publicado en el blog "Muévete por la Igualdad"
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-Yo diría que estamos en un momento de transición caracterizado por el paso de una paradoja a otra paradoja. En los últimos quince años, las mujeres ecuatorianas organizadas hemos logrado institucionalidad, reforma jurídica, introdujimos en la Constitución del 98 una normativa bien amplia, considerada como una de las más avanzadas en América Latina y se hicieron dos planes de Igualdad de Oportunidades. Se crearon mecanismos en el Estado, en los Ministerios Sectoriales y Locales.
Cuando yo entré en la CONAMU (Consejo nacional de las Mujeres), el Consejo trabajaba solamente en 4 municipios. Cuando salí, ya estaba trabajando asumiendo políticas de género en 27 municipios a través de AMUME (Asociación de Mujeres Municipalistas), donde el CONAMU también apoyó. Actualmente se trabaja en 69 cantones sobre el enfoque de género.
Hubo un momento de ascenso muy importante en el que incluso gobiernos conservadores como el de Sixto Duran, adoptaron la plataforma de Beijing. Se comprometió a dar el paso de construir el CONAMU, pero lo paradójico es que, en este contexto de cambio, está en riesgo todo.
-¿Por qué está en riesgo todo?
-Porque no hay una comprensión parecida para el tema de la igualdad de género como un elemento prioritario de las políticas públicas y de la construcción de la democracia. También porque el presidente y un sector del gobierno están respondiendo de manera permanente a las presiones de una Iglesia fundamentalista que responde a una acción global, que empuja un proceso de involución histórica a nivel global.
El tema de la igualdad de género no es un tema prioritario, la protección de los derechos de las mujeres para ellos es un tema secundario.
Luego, por otro lado, está la cuestión de la institucionalidad de las políticas de género, que en este momento está siendo transformada en el marco de la reestructuración general del Estado. Se habla de que habría un solo Consejo de Protección de Derechos, dentro del cual cabrían todos los indígenas, los afros, las mujeres. Para las mujeres, en realidad quieren hacer un Consejo de Género para incluir los temas de diversidad sexual. No hay ni siquiera una comprensión cabal de los temas, no hay un conocimiento de lo que significan los compromisos del Estado Ecuatoriano con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y ése es el segundo punto crucial… Vamos camino a la recusación de varios instrumentos de derechos humanos que es lo que está en ciernes ahora en la Constituyente. Hay un gran debate interno, hay desacuerdos, diversas posiciones de la propia gente de Alianza País (partido de gobierno), y estamos en un alto riesgo desde el punto de vista de los derechos de las mujeres.
-En relación a la participación política y liderazgo de las mujeres. ¿Cuáles han sido los principales logros del movimiento de mujeres?
-El logro más importante del movimiento y del propio CONAMU es lo que está vigente ahora como Ley de Cuotas, que en realidad era un planteamiento que teníamos como movimiento para la Constitución del 98, pero que no quedó esta fórmula de empezar por el 30% y subir 5 % en cada proceso electoral hasta llegar a la paridad. Hoy en el proceso constituyente hemos llegado a la paridad y creo que tenemos el más alto porcentaje de la historia de mujeres en la Asamblea Constituyente. El proceso es interesante en la medida que nos permite visibilizar con absoluta claridad que las mujeres están participando en los niveles de decisión más a nivel local.
Llegamos hasta un 34-35 % en las elecciones del 2002 que fue importantísimo y luego hemos bajado, ahora estamos en el 26- 27 %, igual en consejerías provinciales. Creo que el propio espíritu de la Ley de Cuotas ha golpeado muy fuertemente a los partidos tradicionales. La presión del movimiento en este último proceso electoral constituyente hizo que se aplicara por primera vez la Ley de Cuotas en las condiciones que el Tribunal Supremo Electoral regula porque las veces anteriores lo que hizo el TSE fue lavarse las manos y dejarlo en manos de los partidos políticos y eso fue muy negativo porque hicieron lo que quisieron, no observaron el principio de “alternabilidad y secuencia” que es una de las fórmulas interesantes de la Ley de Cuotas. De todas maneras, yo creo que es un hecho que hay que resaltar, como también la presencia de alrededor de un 35-37 % de mujeres en el gabinete ministerial, incluyendo todos los ministerios y Secretarías de Estado que se han creado en el Gobierno del presidente Correa.
Yo creo que en ocho años se ha incrementado la participación política. Ahora el gran desafío es mirar la calidad de esa participación política: no todas las mujeres que llegan en los cargos de elección popular son mujeres comprometidas con las causas de las mujeres, más bien, por el contrario, son mujeres que defienden el establishment, el orden patriarcal, que fácilmente se acomodan en las estructuras jerárquicas de los partidos, de las propias instituciones y que son indolentes frente a los temas de la igualdad de género. Eso es bastante claro tanto entre las mujeres que acceden por la vía electoral, como entre las que son designadas. Este es un tema que yo he discutido personalmente con el Presidente Correa, sobretodo en el marco de la conformación inicial de su Gabinete. Yo le decía: “no es posible convertir al hecho en un hecho simplemente cuantitativo, sino que hay que mirar la calidad de esas mujeres, a qué responden, cómo van a propiciar que efectivamente la igualdad de género se vaya convirtiendo en un hecho real, no en una propuesta, no en un discurso, sino que realmente se concrete en políticas de Estado”.
-La participación de las mujeres en la Sociedad Civil. ¿Ha progresado?, ¿en qué espacios son visibles y en cuáles no?
Pienso que las mujeres en la sociedad civil tienen también un papel destacado y no necesariamente son mujeres del Movimiento de Mujeres las que han accedido a cargos de representación, a direcciones de ONGs o de movimientos sociales. Aunque hemos tenido mujeres importantísimas, como Nina Pacari en el movimiento indígena, que han hecho huella. Ella no solamente ha sido representante en el ámbito del movimiento indígena, sino también en la estructura del Estado y actualmente está en el Tribunal Constitucional, que no es cosa menor. Me parece que ella es un buen ejemplo de cómo mujeres marginadas y excluidas han sido promovidas, han luchado ellas mismas y obviamente nosotras las hemos apoyado. En el caso de Nina, hemos tenido todo un proceso de debate desde el proceso constituyente del 98 de sensibilización a las situaciones de género, porque inicialmente ella era muy reticente y poco a poco se ha convertido en una aliada importantísima. Ése es un ejemplo.
Por otro lado, tenemos una mujer negra como Alexandra Ocles en la Asamblea Nacional Constituyente, que es una mujer feminista, que es política, que proviene del Movimiento y que tiene mucha claridad sobre la diversidad de las exclusiones y la importancia de la igualdad.
Tenemos también una lucha que no logra visibilizar la importancia de su magnitud, que es el Consejo de Mujeres Indígenas que busca a través de sus estructuras promover la organización autónoma de las mujeres indígenas, que es una lucha ideológico-política, pero también es profundamente cultural, compleja.
El movimiento de mujeres, como el conjunto de movimientos sociales, está prácticamente desmovilizado y esta es una característica del gobierno actual, o de la actual coyuntura, por acción gubernamental. El Gobierno ha generado muchas expectativas, toma contactos con los líderes y lideresas, ofrece puestos de cargos, participación en las listas electorales, etc. Eso provocó un desbande terrible, una desmovilización que es muy peligrosa, que ha debilitado una voz política.
¡Fíjate! Y esa es la paradoja. En el 98, en un contexto de ajuste neoliberal, en un contexto en donde había debate sobre las tesis constituyentes de la derecha y las propuestas desde la izquierda y desde los movimientos sociales, había un debate público transparente. Ahora no hay debate, todo es subrepticio, todo es secreto, todo es “una componenda entre tú y yo, a ver si decidimos, cuál es tu opinión”. Se le hace sentir a la gente que tú eres clave, tu opinión es importantísima y ya con eso se validan propuestas. Estamos viviendo un momento muy difícil, un momento muy complejo para la sociedad civil y los movimientos sociales y hay muchas mujeres que hemos participado en política, que nos hemos planteado la importancia de conformar en este momento un especie de Foro de Mujeres Políticas porque nos preocupa todo lo que esta pasando y, sobretodo, esta posible involución sobre los derechos de las mujeres en la Constituyente. Y lo otro es la disminución del rango del CONAMU, la idea es una Secretaría para la Igualdad dentro de la cual estén Niñez y Adolescencia, todos ahí abajo. Esto contraviene convenios y tratados internacionales, no sólo en el caso de las mujeres, contraviene la adhesión que el país ha hecho durante los últimos 15 años a un conjunto de instrumentos y plataformas de derechos humanos a nivel internacional y de políticas públicas. Esto sería un proceso de regresión y esto es una de las cosas más preocupantes.
-En relación a la retribución del trabajo doméstico no remunerado. ¿Hay avances significativos en el país?, ¿cuáles son las propuestas de acciones planteadas desde el Movimiento de Mujeres?
-Yo creo que hay que partir del hecho de que el reconocimiento constitucional del 98 no fue más que eso, un reconocimiento en el papel y que desde el CONAMU logramos, después de tanto luchar y tanto hacer, implementar en el año 2005 un “Módulo de la Encuesta del Uso del Tiempo” en la encuesta de Hogares con el apoyo de varias agencias de cooperación para visibilizar el aporte de la mujer a la economía ecuatoriana. Dejamos montado todo un operativo para hacer una encuesta específica del “uso del tiempo” con un compromiso mucho mayor. En este sentido es importante cómo las personas hacen también la transparencia, el apoyo y una posición mucho más avanzada. El actual director ejecutivo del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) es una excelente persona, muy abierto a todos estos temas, y no sólo que ha transparentado y puesto toda la información en la Web, sino que ha comprometido al INEC en todo este proceso de producción de información para visibilizar el “uso del tiempo”.
Se hicieron estudios pilotos en algunas provincias por la diversidad étnica cultural: en Chimborazo, en Esmeraldas y en Quito, en el área urbana y rural. Es muy interesante porque los datos te dan pistas de lo que está pasando: las mujeres están participando más en el mercado laboral con malas remuneraciones, están participando cada vez más tiempo en el trabajo no remunerado y no sólo de su casa, sino también el trabajo comunitario porque participan políticamente, son miembros de las Juntas Parroquiales, de la Asociación de Vecinos, de la Cooperativa de Vivienda. Tienen más carga de trabajo y nadie lo reconoce y éste es un elemento que no puede seguir así.
Constatamos también que muchos de los programas de ajuste estructural, los programas del cuidado (niñez, centros de cuidado diario, los programas de alimentación) tienen una altísima participación de las mujeres en condiciones absolutamente precarias. Ganan entre 60 y 80 dólares al mes de bonificación por un trabajo de 12 horas. La discusión en este momento en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y que la hemos planteado desde algunos sectores del movimiento de mujeres, es que esas mujeres deberían recibir al menos el sueldo básico y la seguridad social.
Ahora, en torno a la economía de los cuidados hay varios temas que son fundamentales y que los estamos trabajando para la Asamblea Nacional Constituyente.
-En torno a la Economía de los Cuidados. ¿Cuál es el planteamiento que hacéis a la Asamblea?
No sólo el reconocimiento, sino el establecimiento de los mecanismos para visibilizar el trabajo no remunerado, tanto a nivel familiar como comunitario, en las Cuentas Nacionales y en los diversos registros estadísticos. Entonces hay que poner dispositivos a nivel del Banco Central, a nivel del INEC, que es el que hace todas las encuestas y todos los registros para ampliar esta gran tarea que es la información. Solamente en base a la información tú puedes decir: “Mire, las mujeres están trabajando 18 horas diarias”.
La medida de visibilizar el trabajo no remunerado en las Cuentas Nacionales y registros estadísticos ya se ha establecido en otros países
Se han hecho en otros países de América Latina. Se han hecho encuestas del “uso del tiempo”, pero no hay un reconocimiento todavía en las Cuentas Nacionales. Este es un camino lento en el que hay que trabajar mucho todavía. Ahí hay decisión política por un lado, pero también una convicción de que la igualdad de género es parte sustantiva de la democracia.
-Si se logra visibilizar en las Cuentas Nacionales esos aportes. ¿Cuál sería la siguiente medida a adoptar?
-Luego eso es un material que permite tener políticas públicas que le den importancia a ese trabajo de las mujeres. Por ejemplo, en este momento no tenemos información para mostrarle a este comité interinstitucional, qué significa que más de 40.000 mujeres que están participando en los programas de protección social lo hacen de manera cuasi gratuita o en condiciones laborales que no cumplen ni siquiera las condiciones mínimas del trabajo decente. No tenemos información, no les podemos demostrar esta situación porque no hay datos Eso sí es una gran limitación. No sabemos por ejemplo cuál es la jornada de este tipo de mujeres. Sería bien interesante poder contar con esa información que permita ir con absoluta seguridad y decir, por ejemplo: “están trabajando 12 horas al día, están entregando todo un compromiso que es ético, que es moral, que es emocional en la crianza de los niños de otras madres de la propia comunidad para que esas otras madres vayan a trabajar. ¿Qué valor económico tiene eso para la sociedad?”.
El tema es que no se discute, no hay debate, aunque yo he tenido una presentación antes de ayer en la mesa siete, sobre la Economía del Cuidado y su relación con las políticas públicas. Entonces una de las primeras medidas es ampliar todos los servicios de cuidado preescolar a todos los niveles, hasta los adultos mayores, personas con enfermedades terminales. Porque tenemos un déficit, menos del 10% de la población de 0 a 5 años está cubierta en este momento por los centros infantiles. Estamos hablando de una población de alrededor de un millón seiscientas mil personas con discapacidad y hay apenas 28 centros que cubren a todo el país, hay 2 provincias que no tienen ni un solo servicio para discapacidad. Entonces estas personas están en sus casas, atendidas por la abuela, la madre, la hermana.
El otro tema fundamental es el de la Seguridad Social. Nosotros venimos planteando históricamente el “Seguro Universal para las trabajadoras no remuneradas”, incluidas las amas de casa, que pasa por el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado como una contribución económica que tiene un valor económico, pero básicamente que tiene una gran contribución al bienestar y al desarrollo productivo del país, que es lo que está in visibilizado, no se ve, no se sabe.
También nos parece muy importante la revisión de las “políticas maternalistas”, como el Bono de Desarrollo Humano, los centros de cuidado diario, etc. Hablo de todos los servicios que usan a las mujeres como mecanismos y que no las tratan como sujetos de derechos, sino que ellas son un mecanismo para proporcionar el bienestar o el cuidado a otros y otras, pero ellas mismas no son ciudadanas.
-El Bono de Desarrollo Humano. ¿Beneficia a las mujeres y a sus familias?
-Beneficia a las familias, sí hace la diferencia. En el año 2003 hicimos una investigación con UNICEF en Sucumbíos, a partir de un programa piloto que hicimos allá con el Consejo Provincial, y para las mujeres es un recurso que les permite apoyarse mucho en el momento en que tienen que asumir un gasto imprevisto de salud, de emergencia, escolar. A mí me parece que también por eso nosotras luchamos por la duplicación del bono. Pero también por el cambio del bono. Mirarle al bono como una política que promueva la ciudadanización de las mujeres, es decir, dejar de seguirles tratando sólo como vehículo para la protección social de otros y otras, sino posibilitar que ellas mismas tengan acceso a la salud, a la educación, a la capacitación técnica, al crédito, para que puedan ellas desarrollar sus pequeños negocios y por supuesto todo lo que tenga que ver con la economía de auto subsistencia. Tú sabes por ejemplo que en el área rural la crianza de animales es una alcancía muy importante para las mujeres y el que ellas puedan tener un adecuado manejo y capacitación sobre estos temas es vital.
Porque a la hora de la verdad, en el momento en que hay una emergencia familiar, eso es lo que salva muchas situaciones. Entonces, nosotras, a partir del modelo que desarrollamos con UNICEF entre el año 2000 y 2003 en Sucumbíos, le propusimos al Gobierno actual estas redes de servicios, que están en marcha en dos sitios pilotos, en Portoviejo y Riobamba.
Estas redes de servicios se instalan en los puntos de mayor afluencia de cobro del Bono de Desarrollo Humano (oficinas de los Ministerios, ONG, organizaciones de mujeres), en donde el tiempo ocioso de la cola en el banco para el cobro se puede usar como un mecanismo, un espacio para que ellas accedan a información, al médico, al chequeo en caso de maternidad, al chequeo de la salud de los hijos. Esto requiere de una gran cruzada en las instituciones públicas para cambiar la visión asistencialista. Necesitamos “ciudadanos, servidores públicos”, con ganas de hacer este tipo de cosas, con ganas de coordinar, de hacer un trabajo inter- institucional.
-Estas redes de servicios. ¿Tienen cabida en el gobierno actual?
-Bueno, eso es parte de la lucha que se supone está haciendo el actual gobierno, (yo dejé el CONAMU hace 8 meses ya). Siempre hay dificultades, pero las más altas autoridades (las ministras de Salud, de Inclusión Social) apoyaron mucho esta propuesta. El propio Presidente hizo el relanzamiento de Bono en este sentido.
La otra cuestión entre manos en la Asamblea Constituyente es posibilitar una infraestructura que haga posible la existencia de estos servicios. Ahí hay un debate, en la mesa siete, sobre la participación de la sociedad civil o solamente la creación de instituciones del Estado para este tema de servicios del cuidado, igual que con el tema de la Seguridad Social. El gran debate es el sentido de la seguridad social, universal y unificada que permita que realmente el sentido de los principios de la solidaridad, de la equidad y de la redistribución de recursos de la seguridad se lleve a cabo. Esto es un gran reto porque es toda una revuelta en el sistema. Este es uno de los más grandes retos de la mesa.
Hay dos mujeres en particular: Martha Roldós y Betty Tola- Del Foro Urbano- que participan en esta mesa, y abren el espacio para trabajar y proponer en estos temas.
A nosotras nos interesa que la economía de los cuidados sea considerada como parte de la economía, que se visibilice. Esto es lo que va a permitir que se creen los mecanismos institucionales en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en el Banco Central, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el Ministerio de Economía; para que otorgue los recursos para los servicios, que se mire de otra manera, que se cambie la mentalidad. Entonces estamos también en este tema del “derecho al cuidado” como un derecho no sólo de las que cuidan, sino de los que son cuidados, las dos cosas.
Hasta ahora se ha utilizado el trabajo de las mujeres para los que son cuidados y no para beneficio de las mujeres, por eso planteamos este tema de la remuneración básica.
-Las mujeres hemos estado cumpliendo las funciones que el Estado debió haber cumplido
-Exacto, porque no tenemos ni lavanderías, no tenemos centros de cuidado infantil. Estamos haciendo todo lo que se necesita hacer para reproducir la vida de las personas y el Estado no lo ha reconocido, ni valorado, ni compensado.
-Hay muchas mujeres que no conocen o conocen muy poco vuestras demandas y propuestas. ¿Cómo hacéis para llegar a ellas?
-Se han hecho muchas estrategias desde las organizaciones, desde el CONAMU, desde la Cooperación Internacional y que son muy importantes. Hay más mujeres participando en las organizaciones, en los partidos. El 42 % de las organizaciones legalizadas en el CONAMU hasta Junio del 2007 eran de la provincia de Chimborazo y de ellas el 98 % son mujeres indígenas. Entonces, estamos hablando de procesos sociales muy importantes desencadenados en la década del 90, que tienen también un trabajo anterior de varias instituciones desde la década de los 80, de la propia Iglesia, pero que se consolidan en el 90 como organizaciones autónomas de mujeres. Tienen un ejército y son las organizaciones de mujeres más grandes del país las que están en Chimborazo y no están visibles políticamente, no tienen la representación, es uno de los reclamos que hacen esas mujeres.
Otro caso que me parece interesante como fenómeno son las vendedoras de Yanbal, ellas se ven afectadas por la inclusión del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para los perfumes, para todo lo que tiene que ver con artículos de aseo personal y ellas están organizadas y son otro ejército en el país. Están preocupadas porque dicen que este impacto del ICE va a producir una disminución en la ventas, en sus ingresos y en el trabajo que están haciendo.
-¿Cómo se trabaja desde la CONAMU con las nuevas expresiones del movimiento de mujeres del país? ¿Cómo incentivais la participación de las mujeres jóvenes?
-Las jóvenes están participando. Como CONAMU creamos una red de organizaciones juveniles donde no solamente participan mujeres en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos, es un programa que se llama “Ecuador Adolescente”. Este proyecto trabaja en 12 ciudades del país con resultados concretos como servicios de salud e información para los adolescentes. Ha tenido una incidencia muy positiva en el ámbito de la educación para la sexualidad, logramos hacer una convergencia de 13 instituciones que estaban trabajando estos temas cada una por su lado y se aunaron esfuerzos para hacer un currículo general de educación para la sexualidad.
-Y en la participación política. ¿Cómo se involucran las mujeres jóvenes?
-Existe la Coordinadora Política Juvenil que promueve mucho este tema. Ellas son muy activas en el proceso Constituyente, ellas son en sí mismo una red nacional. Preside Kalinde Bolívar, con sede en Quito, o Pamela Quishpe con un trabajo nuevo. Hay otras feministas jóvenes: Elizabeth Vásquez- con programas LGBT (Movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y trans), tienen la Casa trans y la casa Rosa, donde hay un movimiento socio cultural y político en torno a las reivindicaciones feministas, GBT y TRANSGENEROS. También son una Red Nacional, pero no tienen una visibilidad pública y política porque tienen poco tiempo de existencia.
Publicado en el blog "Muévete por la Igualdad"
lunes, 20 de octubre de 2008
OPORTUNIDADES PARA EL SUR
El hemisferio norte abajo y el sur arriba. Un mundo distinto
La crisis -no seamos ilusos- será descargada sobre las espaldas de la periferia. La prensa mundial mostrará la caída del precio inmobiliario o de la industria de la construcción, la recesión y, desde ya, los vaivenes del mayor fracaso financiero del capitalismo. Pero el Sur, no sólo el geográfico sino el simbólico, tendrá poca visibilidad en los grandes medios mundiales a la hora de informar sobre cómo afecta a los más vulnerables. Hay un sur -o un quinto mundo- que hoy lo vive en las fronteras del Primer Mundo o en su interior. El nacionalismo xenófobo de las naciones prósperas se acentuará a medida que la crisis aumente. Un nacionalismo que se basa sólo en la criminalización de la exclusión de indocumentados. Florecen sentimientos comparables con el fascismo emergente en los `30 que justamente tuvieron como punto de partida la recesión posterior a la crisis del 29 de Wall Street. El tratamiento periodístico de prestigiosos medios europeos considerados liberales y respetuosos de la diferencia ya linda con el fascismo argumental. Como ejemplo vale el primer párrafo de su artículo de El País de Madrid del viernes pasado, que naturaliza la asociación entre el delito y el origen nacional: "En pocas semanas, los delincuentes extranjeros serán perseguidos por una unidad policial específica, habida cuenta de la alarma social que provocan determinados delitos a manos de extranjeros, ya sean integrantes de bandas de delincuencia organizada, terroristas o relacionados con la violencia de género. Se tratará de la Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros, según anunció ayer en el Congreso el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. A tono con esto, en los últimos meses avanzó la decisión en España de repatriar de modo compulsivo a los peruanos, ecuatorianos o guineanos que tuvieron un status especial de ciudadanía en los arios de crecimiento ibérico destinado a ocuparlos en puestos de baja remuneración, precisamente aquellos que los españoles nativos no quieren tener. Del mismo modo está procediendo Francia, cuyo equipo de fútbol está conformado mayoritariamente por jugadores norafricanos de las ex colonias pero que vio crecer la tensión racial con enfrentamientos abiertos. En los Estados Unidos, la recesión -cualquiera sea su magnitud- tendrá como perdedores a las comunidades de latinoamericanos y de afroamericanos. Queda como prueba de la ferocidad de George Bush la determinación de hacer un muro en la frontera mexicana. Su pasión por los muros tuvo una amarga derrota porque la Calle del Muro neoyorquina sufre un derrumbe sin precedentes. Pero poco se habla de que muchos inmigrantes del sur americano se enrolaron en la aventura bélica de Irak sólo ante la promesa de darle los papeles de residencia. Las grandes corporaciones privadas que constituyen el soporte del Consenso de Washington y la globalización atraviesan una tormenta. Sin embargo, tienen el control del Grupo de los 7, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio, parte de los pilares en los que se construyen los muros que separan a las naciones periféricas de las centrales. Estos días quedó en descubierto que tanto el Tesoro norteamericano como el Banco Central Europeo tienen un inmenso poder que, en el primer caso más que el segundo, son una continuación de los intereses de la gran banca privada. Las Naciones Unidas quedaron reducidas a ser un auditorio. Salvo el Consejo de Seguridad, controlado por los países poderosos, han perdido toda capacidad decisoria. Si la Europa continental juega un rol tan importante en la escena internacional es porque después de la Segunda Guerra consolidaron un poderoso bloque regional. Nació Unasur A fines de mayo de este año, en Brasilia, nació la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Los jefes de Estado de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela dieron un paso que procura la unión del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones con el agregado de Chile, Guyana y Surinam. En esa oportunidad, Evo Morales, en su condición de presidente pro tempore del ente proyectado dijo: "En Cochabamba (2006) pusimos la piedra fundamental para la integración de nuestros pueblos, ahora en Brasilia 2008 con el Tratado Constitutivo, estamos levantando los cimientos de la Unasur, y los presidentes nos convertimos en obreros y albañiles para construir la unidad sudamericana" De inmediato, la mandataria chilena Michelle Bachelet asumía la titularidad del organismo y sostuvo: "Queremos demostrar que América latina es capaz de hablar con una voz firme y fuerte y de construir una integración eficaz». Quienes recuerdan el histórico encono entre Chile y Bolivia por la salida al mar de este último, tendrán presente que las relaciones entre esas dos naciones siempre fue fría, salvo la cooperación entre dictadores durante el período del Plan Cóndor, coordinado por políticas del Pentágono y la CIA. En el encuentro de Brasilia, se vio una vez más la cálida relación que une a Morales con Bachelet. En ese momento, nadie sabía que un grupo fascista alentado por el alcalde de Pando y escudado en agentes norteamericanos iban a protagonizar una matanza como del 11 de septiembre pasado. Este miércoles pasado, Bachelet encabezó la reunión de Unasur en Nueva York. La chilena, sorprendida por el tamaño del salón que los funcionarios de Naciones Unidas habían otorgado para el encuentro, soltó a los mandatarios asistentes: "Bueno, esta sala es tan grande como deberá ser nuestro Unasur" Pero no sólo fueron gestos: reclamaron una acción de Naciones Unidas para investigar los hechos de Pando que, de inmediato, fue avalada por el secretario general del organismo, Ban Kimoon, y que logró la adhesión de la Comunidad Europea. Pero hay un detalle importante: la Organización de Estados Americanos quiso ser protagonista de este reclamo de los presidentes sudamericanos y su secretario general -el también chileno José Miguel Insulza- recibió el hielo de los presidentes. Unasur asoma como un verdadero ámbito, el único, cuyo eje no está en Washington. No sólo mira al Sur sino que tiene proyectadas sus oficinas centrales en Quito, Ecuador. El factor Kirchner Brasil, Venezuela y Chile juegan un rol muy importante en la alianza regional. Pero Argentina no le va en zaga. Néstor Kirchner fue propuesto por el ecuatoriano Rafael Correa para asumir el rol de secretario ejecutivo de Unasur. Los mandatarios de Chile, Brasil, Venezuela, Perú (el presidente Alan García dijo: "Fuimos liberados por un argentino, más allá de las diferencias, nos sentiríamos representados por otro argentino en esta iniciativa regional") y Bolivia están de acuerdo. La única oposición es la del uruguayo, Tabaré Vázquez. Habría acuerdo también en que si Kirchner es designado para el cargo, las oficinas de Unasur se mudarían de Quito, como está proyectado, a Buenos Aires. En los próximos días, y en sintonía con la idea de fortalecer a los partidos populares de la región, en Buenos Aires se darán cita líderes del socialismo chileno con dirigentes del Frente Amplio uruguayo encabezados por el senador José (Pepe) Mujica y del Partido Trabalhista brasilero con presencia de Marco Aurelio García, figura destacada en el armado político regional ya que, durante sus años de dictadura en Brasil, participó de las luchas clandestinas en Chile y tuvo relación con las organizaciones y partidos que pelearon contra las dictaduras en otras naciones de esta región. Del lado argentino estarán algunos de los cuadros del kirchnerismo que más empeño tienen en ver florecer una diplomacia, activa y no de salón, que pueda enarbolar las necesidades y reivindicaciones regionales. Por Eduardo Anguita
Publicado por Miradas al Sur
LA REVOLUCIÓN CIUDADANA Y SUS DEUDAS CON LAS MUJERES Y LXS DIVERSXS
Desde inicios de su gobierno, Rafael Correa así como la mayoría de su movimiento político, Alianza País, han dado muestras claras de su rechazo a los planteamientos más transformadores respecto de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género y su posición se ha sostenido desde entonces. Las pruebas para respaldar esta afirmación se muestran con total claridad tanto en las políticas públicas de su gobierno como en el reciente debate constitucional.
En lo que se refiere a políticas públicas, un ejemplo. El principal programa social del gobierno tanto por gasto como por cobertura es el Bono de Desarrollo Humano – BDH, programa de transferencias monetarias, en teoría condicionadas. Este subsidio de USD 30 (era de USD 15 y el actual gobierno lo duplicó al poco de iniciar su mandato) al mes, se entrega a: personas de la tercera edad, a personas discapacitadas, y a mujeres pobres con hijas/os menores de 18 años que son la mayoría de las beneficiarias y quienes a cambio deberían llevar a sus hijas/os a controles de salud y garantizar su asistencia a la escuela. Esto en la práctica no se controla, por eso decimos que la condicionalidad es solo teórica.
El programa fue creado hace 10 años en medio de un escenario de implantación del modelo neoliberal en el Ecuador y responde a ese tipo de políticas. El Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU tiene desde 2006 una iniciativa que se aplica en varios cantones para cualificar el BDH. La iniciativa contempla emplear el tiempo en el que las mujeres hacen larguísimas colas para cobrar el BDH en brindarles servicios de alfabetización, capacitación en derechos y en iniciativas productivas, y atención de salud. Los servicios a prestar dependen de las posibilidades de coordinación local con las dependencias del gobierno central, municipalidades y otras entidades de la sociedad civil como organizaciones de base y ONG. Los esfuerzos que están funcionando han sido exitosos.
Este giro, que contribuye a introducir –aunque sea parcialmente- un enfoque de derechos a un programa de otra forma puramente asistencialista y que considera a las mujeres no como sujetas de derechos por sí mismas, sino solo en su rol de madres y en función del bienestar de sus hijos, no ha sido apoyada por el actual gobierno, se han rechazado las peticiones de presupuesto para ampliarlo. A cambio tenemos las declaraciones de la Ministra de Inclusión Social y Económica acerca de que el BDH es el pago por el trabajo no remunerado de las mujeres! Ante las fuertes críticas que semejante afirmación desató desde el movimiento de mujeres, la “relevante” corrección que se hizo fue declarar que se trata de un pago parcial. Tal cual .
Otro ámbito en el cual se ha expresado claramente la posición tibia por decir lo menos predominante en el gobierno de Correa tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. En el Ecuador los ataques de los grupos anti-derechos (autodenominados pro vida) contra estos derechos se iniciaron en forma sistemática en 2006. Lograron en ese año la prohibición de la comercialización de una marca de pastilla de anticoncepción de emergencia – PAE por dictamen del Tribunal Constitucional, luego quisieron eliminar la educación sexual y los métodos anticonceptivos de la nueva Ley Orgánica de Salud en diciembre del mismo año, pero no lo consiguieron gracias a la acción concertada del movimiento de mujeres.
El último atentado y el peor hasta la fecha se dio en noviembre de 2007 cuando tramitaron en el Congreso Nacional una propuesta de ley para eliminar el aborto terapéutico del Código Penal, es decir para penalizar cualquier clase de aborto (tal como se hizo en Nicaragua en ese mismo año) y que hubiera significado la directa condena a muerte de como mínimo 150 mujeres al año . De nuevo, gracias a la movilización de las mujeres organizadas se logró que el proyecto sea rechazado.
Frente a este hecho, Rafael Correa, en funciones desde enero de ese año (2007) guardó absoluto silencio. Correa se ha autodefinido en varias ocasiones como un católico de izquierda y ha sido bastante coherente con esa definición, al punto de decir públicamente en dos ocasiones que si en el país se aprobara legislación que despenalice el aborto el renunciaría. Cabe señalar que la fogosidad verbal del presidente Correa lo ha hecho declarar que renunciaría si es que sucede x cosa en varias ocasiones, pero las más reiterativas fueron: si es que no se aprueba el referéndum para rehacer la Constitución, luego, si no se aprueba la nueva Constitución, ambos hechos ya dados a la fecha que se escribe esto, y finalmente lo del aborto ya mencionado.
Durante la Asamblea Constituyente, los mismos grupos anti-derechos junto con las Iglesias Católica y Evangélica pública y visiblemente a la cabeza se convirtieron en la punta de lanza del rechazo a la nueva Constitución. Este desplazamiento fue posible por la falta total de un discurso político ideológico claro y bien estructurado de oposición de los actores, partidos y movimientos de la derecha tradicional. El eje del debate fue la manipulación de dos temas con fuertes connotaciones éticas y morales en una sociedad aún mayoritariamente católica (90% de la población se define como católica o cristiana y se estima que 68% son católicos practicantes) como son: la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de que las personas no heterosexuales puedan contraer matrimonio.
La respuesta de Correa fue repetir hasta el cansancio que, como es evidente si se examinan los artículos correspondientes (45 y 66), la nueva Constitución no deja la puerta abierta a la despenalización del aborto ni las personas no heterosexuales tienen derecho al matrimonio ni a la adopción, solamente pueden acceder a la unión de hecho. Alianza País ha gastado ingentes recursos en prensa, radio y sobre todo en televisión para repetir a todas horas del día los argumentos de que la vida empieza desde la concepción y que solo personas de distinto sexo pueden casarse. Lo primero es una reiteración de lo que ya estaba en la Constitución anterior (1998), es decir no hay avance sino apenas un sostenerse en el mismo punto, lo que desde una perspectiva de derechos humanos puede juzgarse como un retroceso dado el principio de progresividad de los derechos. El hecho de que personas del mismo sexo puedan acceder a la unión de hecho si es un avance.
Evidentemente ni los derechos de las mujeres ni los de las personas con orientación sexual diversa, avanzan realmente con un debate que reprodujo una moral decimonónica y reaccionaria sin cuestionarla, que promovió la discriminación de personas LGBTTI, que no abordó el grave problema de salud pública que efectivamente constituye el aborto, la violencia contra las mujeres implícita en el de muchas maneras y que tampoco afrontó el dilema ético que implica, sino que se limitó a repetir hasta la saciedad lo que dicen las alas más reaccionarias de las iglesia católica y cristiana respecto a la apropiación del cuerpo de las mujeres, y a su falta de capacidad moral para decidir sobre su vida reproductiva.
Estos argumentos prefiguran una resurrección de la caza de brujas y de la inquisición como titulaba un artículo publicado en la prensa nacional en esos días. El único objetivo de Alianza País fue que nos quede a todos bien claro que la Constitución defiende casi exactamente esa misma posición. Habría que “agradecer”, eso sí, pero no a Alianza País ni a Correa, sino a los anti-derechos el hecho de que temas como estos hayan salido claramente a la luz pública. Por más que haya sido desde esas posiciones, es una pequeña ganancia para la democracia, para las mujeres y para las personas no heterosexuales que se pueda debatir públicamente sobre aquello que hasta hace poco era para la gran mayoría exclusivamente pecado, patología y tabú, absolutamente privado y silenciado. Evidentemente esta situación también muestra la debilidad del movimiento de mujeres en el Ecuador.
En la nueva constitución recién aprobada hay indiscutibles avances para las mujeres y las personas GLBTTI. Entre las más importantes, la ampliación de la protección frente a la discriminación, la constitucionalización de las medidas de acción afirmativa, el seguro social para las amas de casa o la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo, por citar solo unas pocas. Estos avances no deben absolutamente nada a Correa, si algo a algunas/os de los asambleístas de Alianza País. De hecho hubo un debate interno muy fuerte entre el bloque de asambleístas de Alianza País a propósito de estos temas que se saldó con las posturas señaladas y la salida del bloque de dos asambleístas mujeres que forman parte de esos grupos anti-derechos. Pero son, sobre todo, el resultado de años de lucha del movimiento feminista y de los movimientos de diversidad sexual.
Podría seguir dando ejemplos de esta posición. Por ejemplo, en la Constitución que acaba de aprobarse se alcanzó el histórico hecho de que se coloque que en todos los cargos de designación y en las candidaturas de aquellos de elección popular se debe propender a en el primer caso y garantizar en el segundo, la paridad. Sin embargo se incluye también la meritocracia sin enfoque de género y la paridad se subordinada a ella. Como ya se comprobó en la selección de magistradas/os a la Corte Suprema de Justicia realizada en 2006, y que fue la primera vez que se seleccionó a los integrantes de ese organismo mediante concurso de méritos y oposición y con amplia veeduría ciudadana y de organismos internacionales; es posible hacer un reglamento “meritocrático” sin enfoque de género y discriminar a las mujeres. El reglamento supuestamente meritocrático entre otras disposiciones discriminatorias, otorgaba puntos extra por haber sido Procurador o Contralor de la Nación, cargos a los que las mujeres nunca han accedido.
Ahora mismo se debate la conformación del llamado Congresillo, la Comisión de Legislación y Fiscalización que se elegirá de entre las personas que fueron asambleístas y que tendrá a su cargo el inicio del régimen de transición para la aplicación de las disposiciones de la nueva Constitución. El Congresillo elegirá a los miembros del Consejo Nacional Electoral que organizará las nuevas elecciones generales de todas las dignidades y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de la veeduría de la conformación de todas las demás funciones del Estado. Para variar, el bloque mayoritario, que es de Alianza País, acaba de decir que no va a haber cuotas para las mujeres, mucho menos paridad.
Ma. del Pilar Troya F.
Antropóloga
Investigadora social
Forma parte de la Asamblea de Mujeres de Quito
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En lo que se refiere a políticas públicas, un ejemplo. El principal programa social del gobierno tanto por gasto como por cobertura es el Bono de Desarrollo Humano – BDH, programa de transferencias monetarias, en teoría condicionadas. Este subsidio de USD 30 (era de USD 15 y el actual gobierno lo duplicó al poco de iniciar su mandato) al mes, se entrega a: personas de la tercera edad, a personas discapacitadas, y a mujeres pobres con hijas/os menores de 18 años que son la mayoría de las beneficiarias y quienes a cambio deberían llevar a sus hijas/os a controles de salud y garantizar su asistencia a la escuela. Esto en la práctica no se controla, por eso decimos que la condicionalidad es solo teórica.
El programa fue creado hace 10 años en medio de un escenario de implantación del modelo neoliberal en el Ecuador y responde a ese tipo de políticas. El Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU tiene desde 2006 una iniciativa que se aplica en varios cantones para cualificar el BDH. La iniciativa contempla emplear el tiempo en el que las mujeres hacen larguísimas colas para cobrar el BDH en brindarles servicios de alfabetización, capacitación en derechos y en iniciativas productivas, y atención de salud. Los servicios a prestar dependen de las posibilidades de coordinación local con las dependencias del gobierno central, municipalidades y otras entidades de la sociedad civil como organizaciones de base y ONG. Los esfuerzos que están funcionando han sido exitosos.
Este giro, que contribuye a introducir –aunque sea parcialmente- un enfoque de derechos a un programa de otra forma puramente asistencialista y que considera a las mujeres no como sujetas de derechos por sí mismas, sino solo en su rol de madres y en función del bienestar de sus hijos, no ha sido apoyada por el actual gobierno, se han rechazado las peticiones de presupuesto para ampliarlo. A cambio tenemos las declaraciones de la Ministra de Inclusión Social y Económica acerca de que el BDH es el pago por el trabajo no remunerado de las mujeres! Ante las fuertes críticas que semejante afirmación desató desde el movimiento de mujeres, la “relevante” corrección que se hizo fue declarar que se trata de un pago parcial. Tal cual .
Otro ámbito en el cual se ha expresado claramente la posición tibia por decir lo menos predominante en el gobierno de Correa tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. En el Ecuador los ataques de los grupos anti-derechos (autodenominados pro vida) contra estos derechos se iniciaron en forma sistemática en 2006. Lograron en ese año la prohibición de la comercialización de una marca de pastilla de anticoncepción de emergencia – PAE por dictamen del Tribunal Constitucional, luego quisieron eliminar la educación sexual y los métodos anticonceptivos de la nueva Ley Orgánica de Salud en diciembre del mismo año, pero no lo consiguieron gracias a la acción concertada del movimiento de mujeres.
El último atentado y el peor hasta la fecha se dio en noviembre de 2007 cuando tramitaron en el Congreso Nacional una propuesta de ley para eliminar el aborto terapéutico del Código Penal, es decir para penalizar cualquier clase de aborto (tal como se hizo en Nicaragua en ese mismo año) y que hubiera significado la directa condena a muerte de como mínimo 150 mujeres al año . De nuevo, gracias a la movilización de las mujeres organizadas se logró que el proyecto sea rechazado.
Frente a este hecho, Rafael Correa, en funciones desde enero de ese año (2007) guardó absoluto silencio. Correa se ha autodefinido en varias ocasiones como un católico de izquierda y ha sido bastante coherente con esa definición, al punto de decir públicamente en dos ocasiones que si en el país se aprobara legislación que despenalice el aborto el renunciaría. Cabe señalar que la fogosidad verbal del presidente Correa lo ha hecho declarar que renunciaría si es que sucede x cosa en varias ocasiones, pero las más reiterativas fueron: si es que no se aprueba el referéndum para rehacer la Constitución, luego, si no se aprueba la nueva Constitución, ambos hechos ya dados a la fecha que se escribe esto, y finalmente lo del aborto ya mencionado.
Durante la Asamblea Constituyente, los mismos grupos anti-derechos junto con las Iglesias Católica y Evangélica pública y visiblemente a la cabeza se convirtieron en la punta de lanza del rechazo a la nueva Constitución. Este desplazamiento fue posible por la falta total de un discurso político ideológico claro y bien estructurado de oposición de los actores, partidos y movimientos de la derecha tradicional. El eje del debate fue la manipulación de dos temas con fuertes connotaciones éticas y morales en una sociedad aún mayoritariamente católica (90% de la población se define como católica o cristiana y se estima que 68% son católicos practicantes) como son: la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de que las personas no heterosexuales puedan contraer matrimonio.
La respuesta de Correa fue repetir hasta el cansancio que, como es evidente si se examinan los artículos correspondientes (45 y 66), la nueva Constitución no deja la puerta abierta a la despenalización del aborto ni las personas no heterosexuales tienen derecho al matrimonio ni a la adopción, solamente pueden acceder a la unión de hecho. Alianza País ha gastado ingentes recursos en prensa, radio y sobre todo en televisión para repetir a todas horas del día los argumentos de que la vida empieza desde la concepción y que solo personas de distinto sexo pueden casarse. Lo primero es una reiteración de lo que ya estaba en la Constitución anterior (1998), es decir no hay avance sino apenas un sostenerse en el mismo punto, lo que desde una perspectiva de derechos humanos puede juzgarse como un retroceso dado el principio de progresividad de los derechos. El hecho de que personas del mismo sexo puedan acceder a la unión de hecho si es un avance.
Evidentemente ni los derechos de las mujeres ni los de las personas con orientación sexual diversa, avanzan realmente con un debate que reprodujo una moral decimonónica y reaccionaria sin cuestionarla, que promovió la discriminación de personas LGBTTI, que no abordó el grave problema de salud pública que efectivamente constituye el aborto, la violencia contra las mujeres implícita en el de muchas maneras y que tampoco afrontó el dilema ético que implica, sino que se limitó a repetir hasta la saciedad lo que dicen las alas más reaccionarias de las iglesia católica y cristiana respecto a la apropiación del cuerpo de las mujeres, y a su falta de capacidad moral para decidir sobre su vida reproductiva.
Estos argumentos prefiguran una resurrección de la caza de brujas y de la inquisición como titulaba un artículo publicado en la prensa nacional en esos días. El único objetivo de Alianza País fue que nos quede a todos bien claro que la Constitución defiende casi exactamente esa misma posición. Habría que “agradecer”, eso sí, pero no a Alianza País ni a Correa, sino a los anti-derechos el hecho de que temas como estos hayan salido claramente a la luz pública. Por más que haya sido desde esas posiciones, es una pequeña ganancia para la democracia, para las mujeres y para las personas no heterosexuales que se pueda debatir públicamente sobre aquello que hasta hace poco era para la gran mayoría exclusivamente pecado, patología y tabú, absolutamente privado y silenciado. Evidentemente esta situación también muestra la debilidad del movimiento de mujeres en el Ecuador.
En la nueva constitución recién aprobada hay indiscutibles avances para las mujeres y las personas GLBTTI. Entre las más importantes, la ampliación de la protección frente a la discriminación, la constitucionalización de las medidas de acción afirmativa, el seguro social para las amas de casa o la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo, por citar solo unas pocas. Estos avances no deben absolutamente nada a Correa, si algo a algunas/os de los asambleístas de Alianza País. De hecho hubo un debate interno muy fuerte entre el bloque de asambleístas de Alianza País a propósito de estos temas que se saldó con las posturas señaladas y la salida del bloque de dos asambleístas mujeres que forman parte de esos grupos anti-derechos. Pero son, sobre todo, el resultado de años de lucha del movimiento feminista y de los movimientos de diversidad sexual.
Podría seguir dando ejemplos de esta posición. Por ejemplo, en la Constitución que acaba de aprobarse se alcanzó el histórico hecho de que se coloque que en todos los cargos de designación y en las candidaturas de aquellos de elección popular se debe propender a en el primer caso y garantizar en el segundo, la paridad. Sin embargo se incluye también la meritocracia sin enfoque de género y la paridad se subordinada a ella. Como ya se comprobó en la selección de magistradas/os a la Corte Suprema de Justicia realizada en 2006, y que fue la primera vez que se seleccionó a los integrantes de ese organismo mediante concurso de méritos y oposición y con amplia veeduría ciudadana y de organismos internacionales; es posible hacer un reglamento “meritocrático” sin enfoque de género y discriminar a las mujeres. El reglamento supuestamente meritocrático entre otras disposiciones discriminatorias, otorgaba puntos extra por haber sido Procurador o Contralor de la Nación, cargos a los que las mujeres nunca han accedido.
Ahora mismo se debate la conformación del llamado Congresillo, la Comisión de Legislación y Fiscalización que se elegirá de entre las personas que fueron asambleístas y que tendrá a su cargo el inicio del régimen de transición para la aplicación de las disposiciones de la nueva Constitución. El Congresillo elegirá a los miembros del Consejo Nacional Electoral que organizará las nuevas elecciones generales de todas las dignidades y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de la veeduría de la conformación de todas las demás funciones del Estado. Para variar, el bloque mayoritario, que es de Alianza País, acaba de decir que no va a haber cuotas para las mujeres, mucho menos paridad.
Ma. del Pilar Troya F.
Antropóloga
Investigadora social
Forma parte de la Asamblea de Mujeres de Quito
domingo, 5 de octubre de 2008
COMPANHEIRINHO LULA (Ultima Parte)
Para algunos, el gobierno de Lula es lo más parecido a una versión brasileña del mejor peronismo. Por primera vez en la historia, la clase media de Brasil supera la mitad de la población económicamente activa. Entre la movilidad social, la bonanza económica y la decepción de quienes le critican sus preferencias por el capital financiero, el líder del PT ingresa en sus ¿dos últimos años de mandato? Ultima parte del informe especial de ZOOM iniciado con "Mi mejor enemigo" y "No hay mejor defensa".
"Dios cuida a todos los países, pero parece que decidió vivir en Brasil", dijo hace poco el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, luego de festejar que la situación económica brasileña es la mejor de las últimas cuatro décadas.
Tras el resonante descubrimiento de enormes pozos de petróleo en su subsuelo marítimo, Brasil se enfrenta a una discusión de nuevo rico: ¿qué hacer con los 20 billones de dólares que hay en juego con los "más de 100.000 millones de barriles" existentes en los gigantescos yacimientos bajo la capa de sal a unos 250 kilómetros del continente?
Faltan dos años para que Lula deje el poder y, a pesar de los cuestionamientos, la experiencia de gobierno del Partido de los Trabajadores que él fundó en 1980 y del que fue candidato presidencial en las elecciones de 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006, muestra algunos signos de movilidad social que le permiten abordar, por primera vez en su historia, qué hacer frente a todo lo que falta. Una tardanza que se lleva las peores críticas de muchos que invirtieron más de dos décadas para instalar un gobierno popular en Brasil. Clase media, la mitad más uno Los datos confirman que, en los 6 años de gobierno petista, tres millones de brasileños que habitan en la media docena de grandes áreas metropolitanas pasaron a integrar el grupo de "clase media emergente". Por primera vez en la historia la clase media supera la mitad de la población económicamente activa, alcanzando el 51,84%. Pero eso no es todo: la pobreza cayó desde 2002 de 34,93% a 25,16%. Según la Fundación Getulio Vargas, la clase media brasileña pasó de 44,19% de la población en abril de 2002 a 51,89% en abril de 2008. Según los analistas, ha sido el resultado de una decidida transferencia de ingresos hacia los sectores más pobres, pero tremendamente insuficiente para una población que supera los 193 millones de habitantes. Para el periodista y analista internacional Raúl Zibechi, durante su primer gobierno, “Lula transfirió 10 mil millones de reales anuales (unos 4 mil 500 millones de dólares) a los más pobres mediante el programa Bolsa Familia. Pero transfirió 10 veces más (45 mil millones de dólares anuales) a los acreedores de la deuda pública. O sea, al capital financiero”. Ya no es un secreto que la gran banca brasileña fue el sector más beneficiado de su gobierno, bajo el que alcanzó las mayores ganancias de su historia. También fue el principal donante de la campaña electoral del PT. Según los datos difundidos por la justicia electoral, de los 45 millones de dólares que gastó el partido en la campaña de Lula, casi 5 millones provinieron de la banca. Posiblemente, los mismos sectores impulsen la nueva reelección de Lula en 2014. Lula não tem fin La Constitución brasileña impide dos reelecciones y Lula, electo en 2002 y 2006, no podrá postularse en 2010. Sin embargo, “la burguesía nacional brasileña”, esa de la que se habla tanto en la Argentina, plantea organizar un grupo que respalde el retorno. Una idea que, por lo demás, fue sugerida por Lula en entrevistas a la prensa. Entre los impulsores de la iniciativa también están Beto Sicupira, de la cervecera InBev, y Abilio Diniz, titular de la cadena de supermercados Pao de Azúcar, la mayor de venta minorista de capital brasileño. Parece mentira, pero el principal candidato que fue electo por representar a los trabajadores, ahora es el preferido de los empresarios. "Brasil ha tenido otros momentos interesantes, pero este es extraordinario", señaló Otávio Vieira, director ejecutivo de banca privada en el Banco Safdie, de propiedad suiza, que ha visto crecer su portafolio en 150% desde 2006. Cada vez son más los observadores que concluyen que el gobierno de Lula es lo más parecido a una versión brasileña del peronismo en su mejor momento, un proceso que la décima economía del mundo está experimentando por primera vez. Nunca antes en la historia del Brasil se puso en marcha un proceso de asistencia social de las dimensiones actuales y, aunque es insuficiente, su implementación ha permitido consolidar y multiplicar la base social de un presidente que ya es tratado como una estrella de rock. Lula fue elegido en octubre de 2002 con unos 53 millones de votos y reelegido cuatro años después con 58 millones. Sin embargo, su maquinaria está compuesta por una corporación política que permite dimensionar la dura convivencia entre el Brasil de las nuevas perspectivas para millones de postergados, y el Brasil de los contrastes casi escandalosos, donde habitan las fuerzas políticas que, bonanza mediante, tratan de sofisticar su feudalismo. Según un estudio del diario Folha de Sao Paulo, uno de cada tres diputados es millonario, es decir que declararon un patrimonio superior al millón de reales: medio millón de dólares. El diario revela que los diputados millonarios pasaron de 116 en la anterior legislatura a 165 en la actual, lo que supone un crecimiento de 40 por ciento. Para Zibechi, “la integración del parlamento es apenas un reflejo de la política económica de Lula. Las 200 mayores empresas, en general grupos económicos oligopolizados vinculados al mercado externo, crecen a un promedio de 7,2 por ciento anual. En tanto, la economía brasileña crece apenas 2,6 por ciento.” Oro negro Brasil tiene una nueva joya, submarina, y Lula quiere retirarse el 31 de diciembre de 2010 con un nuevo modelo petrolero para el país, un punto de inflexión desde que en 1953 el mandatario Getulio Vargas lanzó la consigna "El petróleo es nuestro". Con el mayor hallazgo de petróleo en el mundo desde 1976, a Brasil le alcanzaría para ser miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Lula ya aclaró que rechaza la idea de un estado con collares dorados de nuevo rico, sino que apuesta al modelo noruego, que aplica los dividendos del crudo para sustentar el sistema del estado de bienestar escandinavo. La idea oficial no es exportar crudo, sino generar derivados del petróleo. En Brasil, la ley petrolera de 1997 abrió el camino para la explotación de empresas extranjeras, a la vez que convirtió a Petrobras en una empresa mixta con cotización en Wall Street: 60% de la empresa brasileña pertenece a accionistas privados, la mayoría estadounidenses. El hallazgo de oro negro potencia una política de estado desarrollista, cuyo avance ha sido lento, pero que registra una inflación del 6,5%, una tasa que preocupa a quienes trazan las políticas monetarias, pero que está en el menor nivel entre los principales mercados emergentes. Por su parte, el desempleo se situó, en julio, en 8,1%, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Los números son menores al nivel de 9,5% que se registró en julio de 2007. Si esta perspectiva se mantiene, Brasil será en 2030 el quinto mayor mercado consumidor y la octava mayor economía del mundo por el valor de su Producto Interior Bruto (PIB). De acuerdo con el estudio, basado en el histórico de los indicadores económicos en los últimos 57 años en 100 países, el PIB brasileño crecerá a un promedio del 4 por ciento anual y saltará desde los 963.000 millones de dólares en 2007 hasta 2,4 billones de dólares en 2030. Esa expansión del 150 por ciento ayudará al país a ascender desde la décima posición en la lista de las mayores economías del mundo hasta la octava. Asignaturas pendientes Pero nada de eso será posible si el Planalto no enfrenta la deuda más vieja del estado brasileño: la reforma agraria y la entrega de tierras a los sin tierra. Hace poco, cientos de militantes de la organización Vía Campesina ocuparon tierras y plantas hidroeléctricas en 10 estados brasileños, en el contexto de una jornada de protestas "contra los oligopolios" en la agricultura. Para ellos, hasta que nada cambie, la necesidad es "denunciar los problemas causados al país por las grandes empresas, especialmente extranjeras, que son beneficiadas por el agronegocio y la política económica neoliberal" de Lula. También hay otros problemas. La flexibilización de las relaciones laborales, recomendada por muchos como condición para superar el alto índice de informalidad, no parece una solución. Los últimos datos, y la enorme proporción de despidos anuales comprueban una gran flexibilidad, ya que "el costo del despido no inhibe" la acelerada rotación de empleados. La otra muestra de las enormes deudas pendientes fue reflejada hace pocos días, cuando fue divulgado un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales, elaborado por el relator especial Philip Alston, que visitó Brasil durante 11 días en noviembre de 2007. La visita recorrió tres ciudades para examinar la política de seguridad, la violencia policial, el sistema carcelario, la acción de grupos de exterminio, la violencia en el campo y en contra de pueblos indígenas. Según el informe, en Brasil suceden aproximadamente 48 mil muertes por año, haciendo que el país tenga una de las mayores tasas de homicidios del mundo. Datos de 2006 señalan que la tasa de homicidios del país es cerca de dos veces superior a la media mundial, con 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. La media mundial es de 8,8 muertos cada 100 mil habitantes, no incluyendo las muertes relacionadas con las guerras. Estas características son, para muchos miembros del PT y del movimiento Sin Tierra, parte de una gran desilusión. Para el activista del Movimiento de los Sin Tierra Ricardo Gebrim existe una explicación frente a semejante desazón: "El PT fue el gran instrumento político que se conformó en Brasil en los años de ascenso de la lucha popular, a final de los años setenta y ochenta. Lula tuvo un gran mérito, como líder de los trabajadores metalúrgicos, y protagonizó una gran lucha con mucha fuerza de atracción; pero en esos años también cambió la dirigencia del PT y las ideas de transformación radical fueron sustituidas por ideas más inmediatistas. Por eso el gobierno de Lula mantuvo la misma política económica que Fernando Henrique Cardoso: no produjo ningún cambio en la cuestión agraria, en el derecho de los trabajadores, e incluso mantiene las políticas de retirar derechos y descalificar a los grupos que están en lucha. De ahí viene la gran decepción en los sectores que se mantienen en la lucha popular". Por Carmelo Paredes
Publicado en Revista Zoom|17-09-08
NO HAY MEJOR DEFENSA (Informe 2ª Parte)
El descubrimiento de petróleo en aguas profundas brasileñas y la defensa de la amazonia dinamizaron la creación del Consejo de Defensa Sudamericano. Lula recela de los movimientos de la IV Flota y apuesta a la unidad en la región sudamericana.
Habiendo aumentado notablemente su crecimiento económico y siendo el ideólogo de la creación del Consejo de Seguridad Sudamericano, Brasil se conecta cada vez más con el mundo, marcando la dirección y dinámica del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Desde comienzos del siglo XX Brasil se ajustó a un doble patrón, por un lado de rivalidad hacia el Sur y por el otro de indiferencia hacia el Norte. De esta manera aprovechó su estratégica ubicación geográfica para marcar su inserción en la región desde 1950. Tal aumento de su centralidad en Sudamérica ocurre en el contexto de la posguerra fría y de la restauración democrática en el continente, finalizando así el proceso de antagonismo y dándose el inicio de un amplio proyecto común con Argentina. Esta planificación conjunta tuvo su punto de partida en 1986 con el establecimiento de un Programa de Cooperación que se reanudó con la instauración del Mercosur en 1991. Para este cambio de enfoque resultaron cruciales los acuerdos de salvaguardas nucleares que solucionaron el dilema de seguridad con Argentina. Un poco de historia Una indagación histórica y geopolítica de Brasil debe necesariamente partir de un concepto relacionado con el expansionismo de tal país hacia sus vecinos: Paraguay, Bolivia y Uruguay. Desde el Tratado de Tordesilla (1494), Portugal se hizo cargo de esa gran masa de tierra —hoy con 8.547.403 km2— desde donde estableció rutas mercantiles orientadas a abastecer Europa y sus metrópolis, así como sus enclaves coloniales alrededor del mundo, con madera, café, azúcar, ganado, productos agrícolas y luego con piedras preciosas y minerales. Habiendo sido antiguamente una colonia con privilegios, aún hoy, muchos años después de conseguida la liberación, Brasil continúa manteniendo estas ventajas en los desafíos actuales de su política exterior, reflejada en las iniciativas diplomáticas durante el gobierno de Itamar Franco (1992-1994). Fue en este período cuando surgió la propuesta de constituir el Área de Libre Comercio Sudamericana (ALCSA) en contraposición a la iniciativa norteamericana de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Siguiendo esta dirección, se dio el lanzamiento de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y, finalmente, se constituyó en el 2004, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) —después denominada UNASUR— con Lula en la presidencia. UNASUR: ¿Integración de los ejércitos o supremacía militar brasileña? El pasado 23 de mayo se llevó a cabo en Brasilia una reunión extraordinaria en la que Jefes de Estado y de Gobierno de 12 países sudamericanos firmaron el tratado constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones. Este nuevo esquema de integración impulsado por Brasil tiene algunas ventajas, como potenciar la autonomía regional respecto de los Estados Unidos, pero su gran desafío está relacionado con dos proyectos integracionistas ya establecidos, que son la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur. La cláusula menos conocida de estos tratados marca que las grandes beneficiarias de esta iniciativa serán las grandes empresas brasileñas (Petrobras, Embrear, Odebrecht, Camargo Correa, Itaú, Bradesco, Gerdau, Brasken, etc.). Este es el precio a pagar por romper dependencias más abusivas de parte de los países centrales. En los últimos meses, Brasil ha mostrado mayor interés en desarrollar industrias y alianzas con sus vecinos, como el acuerdo entre Brasil y Argentina para la integración militar y de industrias de guerra, que constituye un paso muy importante para suministrar materiales bélicos. Sin embargo, ante el poderío de la ex colonia portuguesa, la competencia está en desventaja. Tanto Argentina como los demás socios del Mercosur pasan a ocupar un rol accesorio y dependiente de la industria armamentista brasileña ya que no poseen dicha industria. Brasil se halla entre los diez principales fabricantes de armas del mundo, solo superado por Estados Unidos, algunos países de Europa, Israel y Sudáfrica. Fabrica tanques, aviones sofisticados, barcos de guerra, armas cortas, misiles y entre otros elementos que vende y distribuye a más de 50 países alrededor del mundo. Aunque Perú ha estado esquivo a la iniciativa brasileña, en el último encuentro con Lula y Uribe, celebrado durante los festejos de la independencia colombiana, el mandatario peruano Alan García, ha mostrado mayor interés por formar parte de la nueva iniciativa. “UNASUR es el refuerzo de un proceso que se inició con la declaración de Cuzco; si vemos con anterioridad, es anterior a la cumbre del año 2000. Este proyecto nace con esa experiencia y se proyecta, creo yo, para integrar aún más a nuestros países”, declara a ZOOM, Mario López Chávarri, ministro de la Embajada del Perú en Buenos Aires. “Las necesidades de esa integración se siguen dando sobre tres prioridades, como la necesidad de la integración física, la integración energética y la integración de los medios de comunicación entre nuestros países. Sin dudas, hay otros avances que se han dado a nivel subregional, tanto en la Comunidad Andina de Naciones como en el Mercosur, como la integración migratoria, que abre la posibilidad concreta de que nuestros compatriotas puedan transitar sin requerir pasaporte, que puedan hacer turismo por tres meses sin requerir visado alguno. Justamente en Tucumán tuvimos este acuerdo. La posibilidad de establecer mecanismos sociales en educación (reconocimiento de títulos) y con una serie de acciones preventivas en salud. En fin, hay muchas áreas en donde se ha avanzado adicionalmente al tema de la integración física, energética y de comunicaciones. Y creo que en ese sentido también debemos seguir reforzando UNASUR”, recalca López Chavarri. La ofensiva colombiana en Ecuador y la defensa de la amazonia Con el “ataque preventivo” colombiano —con asistencia de Estados Unidos— a territorio ecuatoriano a un campamento móvil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —en el que fuera asesinado el número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, el 1º de marzo pasado— se desató una crisis de incalculables consecuencias entre sus vecinos Ecuador y Venezuela. Ante esto, Brasil, que tiene 1.644 kilómetros de frontera con Colombia, decidió comunicar a la secretaria estadounidense Condoleezza Rice la decisión de impulsar un consejo de defensa sudamericano al que no sería convidado, y que en la practica significaría una ruptura con el pensamiento militar del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), firmado en 1947 y que avala la supremacía de los Estados Unidos sobre el continente americano. El TIAR, actual remanente de la guerra fría, desfavoreció a Argentina durante la guerra de Malvinas en 1982. Estados Unidos, siendo miembro del TIAR, prefirió cumplir con la OTAN, de la cual Inglaterra es integrante. Otros puntos que marca Brasilia en sus preparativos para defender su inmensa geografía se evidenció en 2004, cuando el Estado Mayor del Ejército de Brasil envió un grupo de oficiales a Vietnam para aprender las técnicas de guerra de guerrillas con las que el Vietcong había derrotado a las tropas estadounidenses tres décadas atrás. El objetivo, la defensa del Amazonas ante la ocupación por una fuerza “militarmente muy superior” o una incursión de grupos paramilitares o guerrillas; y por ende, el ejército colombiano con apoyo externo como lo sucedido en marzo en territorio ecuatoriano. La estrategia militar de Brasil diverge de la de Estados Unidos, que quiere internacionalizar la Amazonia, el mayor pulmón verde del planeta. El interés por el desarrollo sostenible de la región amazónica, está presente en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978, por Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Suriname. El 17 de julio pasado, el parlamento amazónico reunido en Brasilia, divulgó una carta en la que se califica a la IV Flota de Estados Unidos como una “amenaza a la soberanía” de América Latina. La IV Flota y los yacimientos petroleros brasileños en alta mar Para Elsa Bruzzone, integrante del Centro de Militares para la Democracia (Cemida), la reactivación de la IV Flota “está relacionada con lo que Estados Unidos denomina la primera estrategia marítima para el siglo XXI, dando nuevas funciones al Comando Sur para estar en articulación con el reciente Comando creado para África” La IV Flota tiene su base operativa en Mayport, Florida, que dependerá a su vez del Comando Sur con base en Miami. “En esta ofensiva no solamente enfocan en el petróleo, gas y minerales, sino que la necesidad también tiene que ver con el agua potable y la biodiversidad”, sostiene Bruzzone. En cambio, Rosendo Fraga, del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. amplía el horizonte de los recursos naturales. “La decisión anunciada se explica por la compra de submarinos en Rusia por parte de Venezuela. Se trata de los submarinos convencionales más modernos producidos por la industria rusa. Para Brasil, que ha ratificado su proyecto de tener en servicio un submarino a propulsión nuclear en la próxima década, el anuncio de EE.UU no es bien visto. Van a patrullar la zona del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR)”, concluye Fraga. Los recientes hallazgos en Brasil podrían convertirlo en uno de los 10 primeros países con mayores reservas en el mundo. El año pasado tenía 12.600 millones de barriles (MMB) de reservas de petróleo, antes que el campo Tupí las aumentara en 8.000 MMB (de los cuales el 20% es gas). En abril se anunció el descubrimiento del campo Carioca, que tiene más de 33.000 MMB (también el 20% es gas) y por último el del campo Guará. En total, la cuenca marina de Santos (Tupí, Carioca y Guará) tendría un total de 50.000 MMB. “Brasil ha descubierto grandes yacimientos petroleros y lo primero que hizo fue crear un fondo soberano de riqueza con un valor de 100 mil millones dólares, casi la mitad del PIB argentino de un año. Con la aparición de la IV flota norteamericana, Brasil niega agua para esta flota; además acumulando más petróleo ve la necesidad de una defensa propia, de ahí el desarrollo del submarino nuclear, que seguramente lo desarrollará con tecnología argentina, porque el perfeccionamiento nuclear brasileño fue hecho por argentinos. Algunos estudian y piensan y otros realizan”, ironiza en diálogo con ZOOM, Félix Herrero, vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO). Sobre la unidad energética sudamericana, como el proyecto gasoducto del sur, que uniría Venezuela, Brasil y Argentina, con extensiones a Uruguay, Paraguay y quizá Bolivia, sostiene que genera la oposición de quienes sostienen que el transporte de gas licuado por barco requiere menos inversión y es más moderno y económico. Pero aun si así fuese, lo que no está probado, un gasoducto “une” a los países de muy variadas y positivas maneras, y genera polos de desarrollo. En cambio, según Félix Herrero, Brasil ha bajado su beneplácito a la iniciativa del presidente Chávez por una cuestión económica, teniendo en cuenta que cada país debe pagar los costos de extensión del gasoducto por su territorio. “Con esto Brasil ha mostrado poca solidaridad con países menos desarrollado, como Paraguay y Uruguay para acceder a gas natural más económico, ya que gran parte del recorrido del gasoducto lo debe hacer por territorio brasileño”, explica Herrero. El interrogante es saber si Brasil va a seguir apoyando la integración energética regional como el gasoducto del Sur ante los descubrimientos de Santos. El proyecto del gasoducto de 7.000 kilómetros tiene previsto llevar gas desde Venezuela hasta Brasil y Argentina; y de estos, a los países limítrofes. Por Gustavo Torres
Publicada en Revista Zoom|16-09-08
Fuentes: Le monde diplomatique (Argentina), El País (España), Página 12 (Argentina)
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